La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León hará todo lo necesario para que Rodrigo Medina de la Cruz comparezca ante un Juez de Control.

Adicionalmente, analiza interponer una queja por la suspensión de amparo que otorgó al ex Gobernador el Juzgado Segundo de Distrito de Nuevo León, por considerar que el procedimiento penal es de orden público y no puede ser interrumpido, y, por lo tanto, toda persona que sea llamada debe acudir a la audiencia para la formulación de imputación.

La suspensión concedida por el Juzgado federal, estimó la Subprocuraduría, únicamente protege a Medina de la Cruz de actos que impliquen el uso de la fuerza pública, pero de ninguna manera se le debió otorgar la protección para eludir su comparecencia a la audiencia de hoy en el Palacio de Justicia de Monterrey.

Jorge Emilio Iruegas, Director de la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción, informó la factibilidad de promover una queja a nivel federal.

«Nosotros, aludiendo a las reglas de amparo, estamos verificando y analizando la posibilidad de interponer una queja, ya que si bien respetamos la decisión del Poder Judicial federal, consideramos que la resolución del Juez de cierta manera no se constriñe a lo aplicable», expresó el funcionario estatal.

«Ya han existido precedentes en otras partes del país respecto a que personas citadas para que se les formule imputación interpongan amparo, y los efectos de esta es que si bien queda a disposición del Juez federal para que no se le vulnere sus garantías en cuanto a la libertad, la audiencia se debe de llevar a cabo y la persona debe comparecer ante el Juez.

«En este caso, consideramos que la resolución del Juez de amparo, para otorgarle la suspensión provisional, debió ser: efectivamente queda a disposición de él en cuanto a su libertad, pero condicionarlo a que compareciera ante el Juez de Control para oír la formulación de imputación».

Es importante enfatizar, expresó Iruegas, que la suspensión otorgada a Medina de la Cruz no analizó el fondo del asunto y mucho menos la solidez de la investigación, sino que se refirió simplemente a si un citatorio se puede considerar o no un acto de molestia.

Por la mañana, en la audiencia oral de formulación de imputación, el Ministerio Público solicitó a la Jueza Yadira Baca Saucedo declarar al ex Gobernador como sustraído de la justicia por no haberse presentado.

Y aunque la Jueza dio la razón a la Fiscalía, el pronunciamiento no procedió por la suspensión de amparo que otorgó la instancia federal.

Aldo Fasci Zuazua, Asesor del Ejecutivo, consideró que la defensa del ex Gobernador busca atrasar el procedimiento de la justicia.

«El Gobierno del Estado no va a detenerse en las investigaciones ni en los procedimientos, nadie va a evadirse de la justicia ni con argucias, ni con dinero», manifestó.

«El mensaje es que vamos con todo: esto no para aquí, apenas empieza, esto apenas empieza y va a haber más cosas».

Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción, refrendó su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias en cada una de las investigaciones iniciadas por este gobierno.

Señaló que la suspensión provisional concedida a Medina demuestra que en México es difícil llevar a la justicia los casos de corrupción.

«No en balde el País ha tenido una tasa tan alta de impunidad. Sin embargo, es algo que habíamos anticipado. Pero los trabajos son serios y vamos a lograr que Rodrigo Medina enfrente las imputaciones».

Medina de la Cruz estaba citado para acudir hoy a una audiencia de imputación por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y peculado, derivados de la «Operación Tornado».