La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) por presuntos delitos que afectan directamente el patrimonio de la institución, compuesto en su mayoría por recursos públicos. Estos actos ilícitos no solo perjudican a la universidad, sino también a la sociedad en general.

En una conferencia de prensa celebrada en Ciudad Victoria, el Dr. José Carlos Mora García, abogado general de la UAT, informó a los medios sobre el proceso legal que se ha iniciado contra exfuncionarios de la Universidad y de la administración anterior del Gobierno de Tamaulipas.

Se ha presentado una denuncia contra el exrector Guillermo N. y el exgobernador Francisco N., así como contra antiguos funcionarios del gobierno estatal, Gerardo N. y Jesús Alberto N.

Según explicó el Dr. Mora García, durante el proceso de entrega-recepción de la administración rectoral se descubrieron irregularidades relacionadas con los recursos que debían ser transferidos a la UAT por parte del Gobierno de Tamaulipas.

En virtud de un convenio con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública para el ejercicio fiscal del año 2022, la UAT debía recibir aportaciones por un total de $4,122,429,006.00 MXN. Sin embargo, se encontró que el Gobierno de Tamaulipas solo había aportado $1,650,739,222.00 MXN.

Una de las irregularidades identificadas fue la solicitud realizada por el entonces rector, Guillermo N., al exgobernador para la donación de un inmueble en Reynosa, Tamaulipas, con el fin de establecer un campus universitario. Este inmueble, que finalmente fue enajenado, fue objeto de sobreprecio, perjudicando así a la institución.

Según la denuncia, la valoración real del inmueble fue de $13,081,000.00 MXN, a pesar de que se había reportado un valor inflado de $187,804,094.00 MXN.

Además, la Auditoría Superior de la Federación informó que durante el ejercicio fiscal 2022 solo se realizaron aportaciones estatales por un total de $1,190,355.5 miles de pesos, lo que indica que el Gobierno del Estado de Tamaulipas omitió depositar más de quinientos millones de pesos a la UAT.

Los exfuncionarios del Gobierno de Tamaulipas, según la denuncia, dieron un uso distinto a los recursos públicos estatales que debían destinarse a la Universidad, tratando de justificarlos como gastos relacionados con la pandemia, aunque no se acreditó que se hubieran utilizado para ese fin.

El abogado general de la UAT destacó que estos hechos constituyen delitos como ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, ya que los imputados habrían engañado al Congreso de Tamaulipas para encubrir el desvío de recursos públicos.