Han pasado 32 días; se han descubierto 10 fosas en las que se han encontrado 38 cuerpos; 57 personas han sido detenidas; un gobernador ha renunciado; un alcalde se encuentra prófugo; cinco edificios gubernamentales han sido incendiados… y no hay rastro de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Ayer, la Marina Armada de México detuvo a tres personas en el estado de Morelos, entre ellas una mujer, mientras que una cuarta persona murió al caer de la azotea de un edificio donde subió para eludir su aprehensión.

Las autoridades afirman que los detenidos son investigados por su presunta relación con la organización delictiva «Guerreros Unidos» y la desaparición de los 43 normalistas.

Estos tres presuntos delincuentes se suman a los 17 que ya se encuentran bajo investigación, entre ellos, Sidronio Casarrubias Salgado, presunto «líder máximo» del cártel de Guerreros Unidos. Además, 36 policías municipales han sido detenidos, 22 de Iguala y 14 de Cocula, junto al alcalde de este último municipio.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República apuntan a la responsabilidad del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda en la desaparición de los normalistas y el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre.

Abarca solicitó licencia ante el Cabildo el 30 de septiembre. Hoy se encuentra prófugo de la justicia y sobre él pesan dos órdenes de aprehensión.

En medio de protestas que han derivado en el bloqueo de autopistas y de actos vandálicos como la quema del Palacio Legislativo, el ayuntamiento de Iguala y el Palacio de Gobierno, el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre -un expriista impulsado por el PRD y apoyado por el PAN- solicitó licencia el jueves pasado.

El gobernador interino, Rogelio Ortega, quien rindió protesta el domingo, se reunió ayer con el presidente Enrique Peña Nieto para solicitarle su apoyo para hacer frente a la crisis que vive la entidad.

Pero el relevo en el gobierno de Guerrero no ha contribuido a distensionar la situación, ya que normalistas de Ayotzinapa y de otras partes del país mantienen sus protestas y amenazas de paros y bloqueos.

En medio del reclamo, los principales partidos del país -PRI, PAN y PRD- así como Morena sostienen una guerra de declaraciones por la responsabilidad política de los hechos y por presuntos vínculos con el exgobernador de Guerrero y el exalcalde de Iguala.

Mientras, el paradero de los 43 normalistas sigue siendo un misterio, al igual que la identidad de los 38 cuerpos encontrados en las 10 fosas ubicadas.