Entre las nuevas facultades otorgadas a la Auditoría está la de fiscalizar la deuda que los estados y municipios contraten utilizando como garantía las participaciones federales, lo cual podrá hacer de manera directa o en coordinación con los órganos fiscalizadores locales.

Esta nueva ley, explicó en tribuna el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro, define los alcances de las atribuciones que se le confirieron a la ASF en la reforma constitucional del año pasado por la que se creó el SNA.

«En cuanto a la facultad que ya tenía la Auditoría Superior de la Federación, de fiscalizar los recursos federales que hayan sido transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, la reforma añade que serán fiscalizados tanto los de carácter público como los de carácter privado, por lo que con ello se amplía nuevamente el objeto de fiscalización.

«También se establece que derivado de denuncias y con previa autorización de su titular, la Auditoría podrá fiscalizar durante el ejercicio fiscal en curso o anterior a las entidades fiscalizadas. Al respecto, se señala que las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se les solicite en los plazos y términos que la ley establezca», destacó Castro.

La ley también establece como atribución de la ASF instar procedimientos de responsabilidad en caso de existir irregularidades en la fiscalización, ya sea ante la propia Auditoría, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Anticorrupción.

La ley fue remitida al Senado para su revisión.