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Palabras del Diputado Marco Antonio Bernal ante el pleno del Congreso

Palabras del Diputado Marco Antonio Bernal, Presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, en la presentación del Primer informe de trabajo

Con el permiso de la presidencia

Señoras y señores legisladores:

A nombre de esta Comisión Especial, doy cuenta a esta Soberanía de este primer informe de actividades, mismo que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y se entregó a la Junta de Coordinación Política.

Los pobladores de Cananea, los sonorenses y la comunidad nacional han sido dañados por el mayor desastre ecológico en nuestra historia minera, alterando la vida cotidiana, las actividades productivas, el ingreso y gasto familiar, así como el valor de tierras de la región, asuntos que subrayan la relevancia del trabajo de esta Comisión y de esta Representación Popular.

El daño ambiental y las afectaciones referidas siguen sin cuantificarse totalmente ni encontrar remedio. Sonora no se ha beneficiado de la actividad minera, mientras que el enriquecimiento de Grupo México, concesionario de Buenavista del Cobre, es sistemático.

La empresa violó la normativa nacional e internacional que rige la industria minera, sin que el Estado dispusiera de la legislación propicia para enfrentar adecuadamente la contingencia ambiental y sus consecuencias socioeconómicas.

Se intentó culpar a lluvias inexistentes y no se dio aviso inmediato a las autoridades del derrame de miles de metros cúbicos de minerales contaminantes en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.

Además de la responsabilidad ecológica y los daños y perjuicios ocasionados a la población, subsiste la relativa a los problemas de salud, presentes y futuros, causados a los sonorenses.

En el recorrido de la zona afectada que realizó esta Comisión el 3 de septiembre, se evidenció la falta de disposición de Grupo México para asumir su responsabilidad ante el incumplimiento de normas ambientales y de seguridad industrial y su desinterés por los derechos de los trabajadores.

La falta de compromiso social es inaceptable para una empresa mexicana con proyección global que gana diariamente 4.4 millones de dólares por la extracción de riqueza nacional, sin aportar beneficios concretos a la región ni a Sonora.

¿Cómo explicar el hospital de la zona cerrado y que, como atestiguamos, un requisito para contratarse como minero en la empresa sea no ser originario del municipio de Cananea “cuna de la Revolución”, símbolo de los derechos sociales?

Señoras y señores legisladores:

Esta Comisión Especial, responsable y consecuente con la situación expuesta, plantea un conjunto de recomendaciones inmediatas y la realización de reformas considerando esta lamentable experiencia, actualizando el marco jurídico con base en tres principios básicos: primero, el que contamina paga; segundo, dotar al Estado con la capacidad y marco jurídico adecuado; y tercero, el reparto equitativo de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos mineros de la nación para garantizar oportunidades de progreso y bienestar para la región.

Esta Comisión aún no conoce los términos del fideicomiso que correrá a cargo de Grupo México y que cuenta con un piso inicial de 2 mil millones de pesos, tampoco conoce quién lo administrará, ni cómo se asignarán los recursos. La prioridad debe ser atender a las personas afectadas, evaluar hasta dónde ha llegado la contaminación y vigilar la presa “El Molinito” que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo.

En esta Comisión estimamos que la solución de fondo para esa región es un “Fondo de Desarrollo Regional”, solventado por la empresa responsable y con un piso inicial de 5 mil millones de pesos, para la reactivación económica y social de la región, y para que Sonora se beneficie de sus recursos naturales.

Recomendamos garantizar, inmediatamente, el abasto suficiente de agua para consumo humano en los municipios afectados, por cada municipio, una planta potabilizadora. Además, del monitoreo permanente del agua a efecto de dar confianza a la población.

Exhortamos a que la autoridad competente cumplimente las acciones de vigilancia y supervisión de la mina Buenavista del Cobre, además de mantener la suspensión de actividades y evaluar la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.

Resulta prioritario garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como velar por la seguridad sanitaria de los consumidores finales de los productos agropecuarios de la región.

Es urgente hacer valer el imperio de la Ley en todas sus vertientes, civil, penal, administrativa y laboral, y aplicar las sanciones correspondientes a la empresa responsable.

Reiteramos nuestro compromiso de realizar las reformas necesarias conforme a las mejores prácticas internacionales, se debe legislar para:

* Garantizar y fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos mineros, propiedad originaria de la Nación.

* Establecer sanciones y multas oportunas y proporcionales al daño y perjuicio generados, considerando las ganancias percibidas, la reincidencia en ilícitos, garantizando su pago efectivo. Perdiendo la concesión y pagando quien contamine y ponga en riesgo el ecosistema y la vida humana. Y aquí hablamos, no solamente de la minería, sino de toda actividad que atente contra el ambiente.

* Establecer la suspensión inmediata de actividades al presentarse una contingencia o daño.

* Asegurar el otorgamiento y conservación de las concesiones a empresas social y ambientalmente responsables.

* Robustecer la autoridad del Estado en materia de litigios sobre daños ambientales y agilizar los juicios con particulares que tienen concesiones mineras.

Nuestro país requiere de mayores inversiones y empleos, pero también de mejores empresarios, responsables ambiental y socialmente, que contribuyan al desarrollo regional sustentable.

Esta Legislatura, comprometida con la población afectada, asume la obligación de garantizar la no repetición de esta dolorosa experiencia.

El Estado contará con las facultades para garantizar la seguridad y los derechos laborales en la industria minera, el reparto equitativo de beneficios y el aprovechamiento sustentable de los recursos que son propiedad originaria de todos los mexicanos.

Si anteriormente el Estado carecía de estos instrumentos jurídicos, esta experiencia nos obliga a legislar para dotarlo de las capacidades legales e institucionales que aseguren el interés público en la actividad minera y un beneficio justo para sus comunidades. Así entendemos el mandato de esta Comisión.

Palabras del Diputado Marco Antonio Bernal ante el pleno del Congreso