Estos juegos políticos del arresto de migrantes costarán a los contribuyentes más de un millón de dólares, advierte el juez Ricardo Samaniego.

AGENCIAS

El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, ha exigido al Estado de Texas que asuma los costos de detención de un gran grupo de inmigrantes acusados de «participación en disturbios», después de escalar una valla metálica en la frontera. Este hecho ha llevado a la Cárcel del Condado de El Paso a albergar a más de 140 personas, generando preocupación por la capacidad de la instalación carcelaria.

El juez Samaniego expresó su indignación por esta situación, calificando las acciones del gobierno estatal como «juegos políticos» que recaen en los contribuyentes locales. Además, destacó que el condado tiene un contrato con el gobierno federal para retener a los reclusos que enfrentan cargos federales en las cárceles del condado, lo que genera ingresos significativos para la comunidad. Sin embargo, el aumento de detenidos estatales supone una carga económica adicional para el condado.

La capacidad de respuesta del condado se ve comprometida por el elevado número de detenidos, ya que la cárcel del condado y el anexo penitenciario se encuentran casi llenos. El juez Samaniego señaló que, aunque se cuenta con una capacidad total para albergar a más de 2,800 reclusos, las obras de remodelación y la falta de recursos para el procesamiento y enjuiciamiento de los detenidos complican la situación.

Ante esta problemática, el juez del condado sugirió que el Estado de Texas utilice instalaciones estatales o federales para detener a los inmigrantes, evitando así una sobrecarga en las cárceles del condado y protegiendo los intereses económicos de la comunidad. Asimismo, destacó la importancia de vigilar de cerca el proceso de detención y asegurarse de que se respeten los derechos de los detenidos.

En última instancia, el juez Samaniego enfatizó que el condado no puede permitirse el lujo de soportar los costos adicionales asociados con la detención de inmigrantes por parte del Estado de Texas, y que es responsabilidad del gobierno estatal encontrar una solución que no perjudique económicamente a la comunidad.