Según el diario español El País, el 53.7% de los 513 diputados de la Cámara de Representantes brasileña tiene o ha tenido cuentas pendientes con la justicia, según la organización Transparência Brasil, que se encarga de llevar un informe pormenorizado y actualizado de este asunto.

En concreto, 273 parlamentarios.

El Senado brasileño, que, a juzgar por los votos que ya se airean en la prensa confirmará la apertura del proceso en mayo, mantiene la misma impactante tasa de políticos involucrados en casos judiciales: el 55.6%.

Al veterano diputado brasileño, Paulo Maluf, exalcalde de São Paulo y exgobernador del Estado de São Paulo, se le atribuye esta frase: «Roba, pero haz». Es decir, aprovéchate del cargo, pero dedícate (también) a los que te han elegido. Maluf, en la política desde los años 60, asegura que él nunca dijo eso, que se lo inventaron interesadamente sus enemigos de la oposición. De quién fuera la frase es lo de menos: el diputado Maluf, condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero en Francia, perseguido por la Interpol por el mismo delito, sin poder salir del país por temor a acabar en una cárcel extranjera, fue uno de los parlamentarios que votó el domingo a favor del proceso de destitución de Dilma Rousseff.

Más allá del sentido de su voto, Maluf, del Partido Progresista (PP), de centro derecha, personifica el mal que corroe al Parlamento brasileño: la escasa estatura moral de muchos de sus integrantes.

Un ejemplo, tan ridículo como sintomático, cita el diario español: la diputada Raquel Muniz recordó, en el momento de su voto del domingo, a su marido, el alcalde de Montes Claros, en el Estado de Minas Gerais: «Mi voto favorable es para decir que Brasil tiene salida y el alcalde de Montes Claros nos lo demuestra a todos con su labor». Al día siguiente, el alcalde (el marido) fue detenido por la Policía Federal.