El empresario mexicano Amado Yáñez, propietario de la firma Oceanografía, intervenida por las autoridades por un presunto fraude al Grupo Financiero Banamex, fue encarcelado ayer por delitos calificados de graves, informaron fuentes judiciales.

Yáñez ingresó a primera hora de este día al Reclusorio Sur de la capital mexicana por cargos por falsedad de datos y otros delitos financieros que le impiden alcanzar su libertad bajo fianza, señalaron las fuentes.

La Procuraduría investiga a Yáñez por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión, fraude fiscal e irregularidades en el pagos de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de la falsedad de datos a un banco.

Desde mayo pasado, Yáñez se enfrenta a un proceso por un presunto fraude a Banamex, filial del estadounidense Citigroup, al obtener créditos por unos 380 millones de dólares con documentos apócrifos.

Por estas acusaciones, el empresario fue liberado después al pagar una fianza de 80 millones de pesos (unos 13 millones de dólares), hasta que fue detenido hace dos días, señalaron las fuentes.

Oceanografía es un proveedor que servicio de reparación y mantenimiento a pozos de Petróleos Mexicanos con un centenar de barcos y desde febrero está bajo control del gubernamental Servicio de Administración de Bienes, organismo encargado de administrar los bienes incautados por las autoridades.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el presidente de Oceanografía, Amado Omar Yáñez Osuna, consignado por delitos graves, se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas para tales efectos.

En una tarjeta informativa, recordó que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales consignó penalmente a Yáñez Osuna, y que no tiene derecho a libertad bajo fianza ya que los delitos financieros de los que es acusado son considerados graves.

Refirió que dentro de la causa penal 96/2014, el inculpado se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas, mismo que comenzó a transcurrir al momento que le fue puesto a disposición.