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El reto es impulsar la productividad y competitividad LUIS VIDEGARAY

El pasado 7 de mayo entró en vigor la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional tras su aprobación, por un amplio consenso, en el H. Congreso de la Unión. La ley reglamenta los artículos 25 y 26 apartado A de nuestra Constitución Política y establece que le corresponde al Estado elaborar y conducir una política nacional de fomento que propicie un mayor crecimiento económico.
La ley llega en un momento oportuno para complementar los avances que representan las reformas estructurales. Como sociedad, debemos romper la inercia del bajo crecimiento que nos ha acompañado por más de tres décadas. Desde inicios de los años noventa México ha venido consolidando un sólido marco de políticas macroeconómicas y financieras que ha permitido construir un entorno de estabilidad, requisito indispensable para el crecimiento económico. No obstante, este entorno no ha sido suficiente para dar un impulso sostenido y dinámico a la economía mexicana. Entre 1980 y 2014, México creció a una tasa media anual de 2.4 por ciento, casi la mitad de lo observado en las economías emergentes y en desarrollo (4.6 por ciento). Como resultado, los niveles de bienestar de la población no han crecido al ritmo que demandan las familias mexicanas, y más de la mitad de la población aún vive en la pobreza.
Ante ello, el gobierno del presidente Peña Nieto ha impulsado una ambiciosa agenda de reformas que han transformado estructuralmente la base institucional de la economía mexicana y que están dirigidas a eliminar obstáculos a la productividad y competitividad del país, algunas de las cuales han comenzado ya a rendir frutos tangibles. La actual administración ha destacado, en particular, la importancia de promover un crecimiento vigoroso y al mismo tiempo incluyente, lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha llamado democratizar la productividad.
Para elevar la productividad, base del crecimiento de toda economía, es necesario que el Estado implemente una política proactiva y con visión de largo plazo que impulse de manera deliberada una transformación de nuestra economía.
Desde principios de los años noventa hemos avanzado en reforzar el funcionamiento de los mercados. El ejemplo más palpable ha sido la liberalización comercial y la participación destacada de nuestro país en los mercados globales. Las reformas a los sectores energético, de telecomunicaciones, financiero y a la competencia económica se suman a estas políticas de carácter transversal que incidirán en una mayor competitividad de la economía en su conjunto.
De manera complementaria, sin embargo, se requiere ahora un mayor énfasis en políticas que atiendan las necesidades específicas de las distintas regiones del país, así como políticas de carácter sectorial que promuevan un cambio estructural hacia actividades e industrias de alta productividad y la transformación de los sectores tradicionales de la economía.
La nueva Ley de Productividad y Competitividad fortalece el marco legal e institucional para que el Estado establezca una política nacional de fomento económico con tres características fundamentales.
En primer término, una política con permanencia y visión de largo plazo, al establecer la obligación de que el Gobierno de la República, tanto el actual como los gobiernos futuros, cuenten con un programa que de manera explícita incorpore acciones para apuntalar la productividad y la competitividad.
Asimismo, aunada a una modificación, también aprobada, a la Ley de Planeación, la política nacional de fomento económico deberá considerar un horizonte de planeación de hasta 20 años, removiendo con ello el sesgo sexenal que históricamente ha limitado la conducción de la política económica.
Como segunda característica, la Ley de Productividad y Competitividad reconoce que el diálogo activo entre los distintos actores sociales es fundamental para identificar oportunidades, construir consensos y diseñar políticas públicas para el desarrollo productivo. Con tal fin, la ley fortalece al Comité Nacional de Productividad, órgano consultivo del Ejecutivo Federal creado en mayo de 2013, donde concurren los sectores laboral, empresarial y académico.
Ahora, el Presidente de la República fungirá como presidente honorario del Comité, mismo que gozará de nuevas atribuciones y cuyas recomendaciones tendrán un mayor peso e incluso carácter vinculatorio. Más aún, aquellas recomendaciones vinculantes o que hayan sido aceptadas, contarán con convenios de seguimiento y matrices de compromisos con acciones e indicadores concretos de desempeño.
Tercera, para garantizar la eficacia y rendición de cuentas en esta materia, se establece que el gobierno federal deberá cuidar que los programas presupuestarios y proyectos de inversión estén en línea con los objetivos que establece la ley, para lo cual se revisará continuamente la operación, consistencia y efectividad de los mismos. Asimismo, se deberán enviar informes semestrales al Congreso de la Unión sobre los avances y resultados de la política nacional de fomento económico.
Es claro que la promulgación de la Ley de Productividad y Competitividad, por sí sola, no garantiza un vuelco en la tendencia de crecimiento de la economía mexicana.
La nueva ley fortalece los cimientos de la política de fomento económico y pone en el centro la necesidad de elevar la productividad y la competitividad, como base del crecimiento de la economía.
Con base en ello, el Ejecutivo Federal, apoyado por los trabajadores, los empresarios, el sector académico y por la sociedad en su conjunto, redoblará los esfuerzos para que dicho crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
Secretario de Hacienda y Crédito Público.
El reto es impulsar la productividad y competitividad LUIS VIDEGARAY