AGENCIAS.
Ciudad de México, 4 de marzo de 2026.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, con lo que se da inicio al proceso legislativo para su análisis y eventual discusión en el Congreso de la Unión.
La propuesta, que fue presentada tras dos días de retraso y en medio de conversaciones con fuerzas políticas aliadas, plantea modificaciones relevantes a la Constitución en materia de integración del Congreso, financiamiento de partidos políticos, uso de tecnologías en procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.
Para que la reforma sea aprobada, deberá obtener el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores en ambas cámaras del Congreso.
Entre los cambios planteados destaca la modificación en la integración del Senado de la República, que pasaría de 128 a 96 senadurías. La iniciativa propone eliminar las 32 posiciones asignadas por el principio de representación proporcional. En su lugar, se elegirían dos senadores por mayoría relativa y uno por primera minoría en cada estado y en la Ciudad de México.
En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendría el número total de 500 legisladores, integrados por 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. No obstante, se modificaría el mecanismo para asignar las diputaciones plurinominales. De acuerdo con la propuesta, 100 escaños se otorgarían a los candidatos que, sin haber ganado su distrito, obtengan los mayores porcentajes de votación. Los otros 100 se elegirían mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, en las que también se integrarían diputaciones correspondientes a ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
La iniciativa también establece nuevos requisitos para los llamados legisladores migrantes. Las personas mexicanas residentes en el extranjero que busquen ser diputadas o senadoras deberán acreditar una residencia efectiva de al menos tres años fuera del país.
En materia de financiamiento político, la reforma propone reducir el financiamiento público destinado a los partidos para sus actividades ordinarias. La nueva fórmula calcularía el monto multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que implicaría una disminución respecto a esquemas anteriores.
Asimismo, se plantea prohibir las aportaciones privadas en efectivo a los partidos políticos. Las contribuciones deberán realizarse exclusivamente mediante transferencias electrónicas, como el sistema SPEI, u otros instrumentos financieros nominativos, y no serán deducibles de impuestos.
La propuesta también incorpora regulaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Todo contenido generado o alterado mediante IA deberá estar claramente etiquetado por su emisor. Además, concesionarios de radio y televisión, así como plataformas digitales, tendrían la responsabilidad de identificar y advertir sobre contenidos que no cumplan con dicha obligación.
En cuanto al uso de tecnologías en procesos democráticos, la iniciativa contempla permitir el voto electrónico en consultas populares mediante herramientas de tecnologías de la información y comunicación.
Otro de los puntos plantea reducir el tiempo oficial disponible para el Instituto Nacional Electoral en radio y televisión durante las campañas electorales, que pasaría a ser de 35 minutos diarios.
En materia de participación ciudadana, la reforma incluye acciones afirmativas para garantizar la representación de grupos históricamente subrepresentados, como personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, migrantes, pueblos indígenas y afromexicanos.
Además, se propone establecer la prohibición expresa del nepotismo electoral, con el objetivo de impedir que funcionarios públicos hereden de manera consecutiva sus cargos a familiares.
Finalmente, la iniciativa promueve fortalecer los mecanismos de democracia directa mediante consultas populares, fomentando la discusión pública informada y prohibiendo la contratación de propaganda en medios masivos para influir en las preferencias ciudadanas. Los resultados de estas consultas serían vinculantes cuando participen al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal.
