AGENCIAS.
Caracas, 29 de enero de 2026.– La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza el control estatal sobre la industria petrolera y abre el sector a la participación de capital privado nacional y extranjero, en un giro significativo de la política energética del país.
Durante la sesión parlamentaria, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, calificó la aprobación como un “día histórico” y aseguró que, sin renunciar a la soberanía ni a la propiedad estatal de los yacimientos, la reforma permitirá hacer más competitivo al sector mediante la contratación de empresas nacionales e internacionales.
La modificación legal se produce en un contexto de restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que Washington eliminara restricciones al comercio de crudo venezolano y autorizara nuevas transacciones con el gobierno de Caracas y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El Departamento del Tesoro estadounidense emitió la licencia general 46, que permite operaciones amplias relacionadas con la producción, exportación, refinación y comercialización del petróleo venezolano, aunque excluye transacciones con entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.
La nueva legislación permite que empresas privadas celebren contratos directos con PDVSA, sin necesidad de conformar empresas mixtas con mayoría estatal ni de contar con aprobación previa del Parlamento, como ocurría antes. Asimismo, autoriza a los privados a comercializar directamente el crudo y manejar recursos en cuentas bancarias en el exterior.
Entre los cambios relevantes también se estableció un tope de 30 por ciento a las regalías que pagan las empresas al Estado, con posibilidad de ajuste por parte del Ejecutivo, así como amplias exenciones tributarias para incentivar la inversión. Además, se incorporaron mecanismos de arbitraje y mediación internacional para la resolución de controversias, con el objetivo de brindar mayores garantías jurídicas a los inversionistas.
La reforma fue aprobada tras un proceso legislativo acelerado y con críticas de la minoritaria bancada opositora, que solicitó un debate más amplio. No obstante, el gobierno aseguró que en menos de un mes se construyó el marco legal necesario para una nueva etapa del sector petrolero venezolano y para la reactivación de la relación comercial con Estados Unidos.
