AGENCIAS
La administración de Donald Trump ha lanzado una drástica medida: pagará 1000 dólares a los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse voluntariamente de Estados Unidos. Esta nueva estrategia fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y tiene como objetivo reducir los costos asociados a las deportaciones forzadas, al tiempo que avanza la política migratoria de mano dura del presidente republicano.
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Trump quiere frenar la inmigración ilegal con pagos de 1000 dólares
El programa, anunciado oficialmente en la página web del DHS, ofrece asistencia financiera y de viaje a los extranjeros que opten por regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home. Esta plataforma digital, creada por el gobierno federal, permite a los inmigrantes sin papeles iniciar su proceso de salida voluntaria sin necesidad de intervención directa del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Según el comunicado, quienes completen el procedimiento recibirán 1000 dólares, una vez que su salida sea verificada por el sistema. Esta compensación está destinada a facilitar su reintegración en su país de origen y serviría como incentivo para reducir la carga operativa y económica de las deportaciones tradicionales.
Así funciona el proceso de autodeportación
Los inmigrantes que decidan participar deben seguir estos pasos:
- Descargar la aplicación CBP Home desde su dispositivo móvil.
- Enviar una “Intención de Salida” indicando su voluntad de regresar voluntariamente a su país.
- Completar los requisitos de verificación, incluyendo los datos de viaje y destino.
- Una vez confirmada la salida, recibirán 1000 dólares, además de asistencia logística para el viaje.
La DEA dará un giro histórico tras décadas de políticas punitivistas.
La administración Trump ha calificado este mecanismo como una “forma digna de salir de EE. UU.”, que evita a los inmigrantes ser arrestados, detenidos y deportados por la fuerza. Este giro en la estrategia migratoria refleja un enfoque pragmático ante las limitaciones presupuestarias del gobierno y los obstáculos legales que enfrenta su agenda antiinmigrante.
