AGENCIAS
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado una orden ejecutiva que introduce una nueva política sobre la atención médica de inmigrantes indocumentados en el estado. A partir del 1 de noviembre de 2024, los hospitales de Texas estarán obligados a registrar los costos asociados con la atención médica de personas sin autorización legal para residir en el país.
La nueva directiva, anunciada el 8 de agosto, instruye a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) a recopilar datos detallados sobre los gastos médicos de los inmigrantes indocumentados. El objetivo declarado de esta medida es permitir al estado solicitar un reembolso al gobierno federal por los gastos incurridos, argumentando que estas políticas responden a las «imprudentes políticas de frontera abierta» de la administración Biden-Harris.
Implementación y Proceso
A partir del 1 de noviembre, los hospitales deberán registrar todos los costos relacionados con la atención de emergencia y hospitalización de los inmigrantes sin documentos legales. Esta información será reportada trimestralmente a la HHSC, con la primera presentación programada para antes del 1 de marzo de 2025. La HHSC, a su vez, informará anualmente al gobernador, al vicegobernador y al presidente de la Cámara de Representantes sobre estos gastos.
Reacciones y Controversias
La medida ha generado una considerable controversia. Abbott ha declarado que esta política busca que la administración federal «rinda cuentas» por los gastos generados por su política de fronteras. Sin embargo, algunos expertos en derecho, como el abogado de inmigración Raed González, han señalado que la orden ejecutiva podría enfrentar obstáculos legales. González explicó que, de acuerdo con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA), los pacientes no están obligados a proporcionar información sobre su estatus migratorio, y los hospitales podrían no estar legalmente obligados a recopilar estos datos.
Implicaciones para los Migrantes
La orden también establece que los hospitales deben informar a los pacientes que su atención médica no se verá afectada por el hecho de proporcionar o no información sobre su estatus migratorio. Sin embargo, la implementación y cumplimiento de esta política podrían complicar el acceso a la atención médica para algunos pacientes.
La nueva medida entra en vigor en un momento crucial, justo antes de las elecciones presidenciales de 2024, lo que intensifica el debate sobre la política migratoria en el país. La efectividad y el impacto de esta política dependerán en gran medida de su aplicación y de posibles desafíos legales que puedan surgir en el proceso.