AGENCIAS
Nueva York.- Un grupo de 11 estados de EE.UU., liderados por Texas, ha demandado a las principales firmas de gestión de activos BlackRock, Vanguard y State Street, acusándolas de infringir la legislación antimonopolio al presionar a los productores de carbón a reducir su producción, lo que, según los demandantes, ha elevado los precios de la electricidad para los consumidores.
La demanda, presentada el miércoles en un tribunal federal de Texas, sostiene que las tres empresas de inversión, a través de su influencia en el mercado y su participación en grupos climáticos, han presionado a los productores de carbón para que reduzcan la oferta de este recurso, lo que ha llevado a un incremento en los costos de energía en Texas y otros estados. Los fiscales generales de Texas y los otros estados implicados aseguran que la falta de competencia en el mercado energético ha resultado en facturas de electricidad más altas para los residentes.
En su demanda, los fiscales generales argumentan que «los mercados competitivos, no los dictados por gestores de activos distantes, deben ser los que determinen el precio que los estadounidenses pagan por la electricidad». Los gobernadores republicanos de los estados involucrados, incluyendo Virginia Occidental y Montana, piden al tribunal que prohíba a BlackRock, Vanguard y State Street utilizar su influencia sobre las empresas de minería de carbón, como Peabody Energy y Arch Resources, para votar en sus juntas y tomar decisiones que restrinjan la producción.
BlackRock, por su parte, rechazó las acusaciones y en un comunicado afirmó que la demanda «socava la reputación proempresarial de Texas». Además, la firma subrayó que «la idea de que BlackRock invirtió dinero en empresas con el objetivo de perjudicarlas carece de fundamento y desafía el sentido común». Vanguard y State Street no han hecho comentarios sobre la demanda hasta el momento.
Esta denuncia marca el punto culminante de años de investigaciones por parte de funcionarios republicanos sobre el papel de Wall Street en el cambio climático, un tema central en la industria de inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En este contexto, las presiones sobre las grandes firmas de inversión se han intensificado, especialmente desde el año pasado, cuando los fiscales generales de varios estados les advirtieron que no deberían usar los ahorros de los ciudadanos para promover «objetivos políticos», especialmente durante la temporada de votaciones de los accionistas.
Los activistas en temas climáticos, por su parte, defienden que los riesgos medioambientales representan riesgos financieros, y que abordarlos es parte de la responsabilidad fiduciaria de los inversionistas. La demanda, sin embargo, acusa a las empresas de gestión de activos de coludirse para reducir la producción de carbón, lo que, según los fiscales, ha incrementado artificialmente los precios de la electricidad.
En respuesta a esta situación, los productores de carbón de EE.UU. han enfrentado presiones en los últimos años debido al auge de las energías renovables y la caída de los precios del gas natural. En Texas, por ejemplo, el carbón representa menos del 10% de la capacidad de generación de energía en el estado, frente al 18% en 2020, según datos del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas.
