Senadores ajustan reforma de Sheinbaum a la Ley de Amparo

Nacional

AGENCIAS

Tras varias audiencias públicas en el Senado, las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos realizaron cambios importantes al proyecto de reforma a la Ley de Amparo impulsado por la presidencia de Claudia Sheinbaum. Estas modificaciones buscan evitar limitaciones indebidas al juicio de amparo, clarificar el concepto de interés legítimo y mantener las multas para funcionarios que incumplen sentencias judiciales.

Durante dos días, se recogieron opiniones de jueces, académicos, organizaciones civiles y expertos. El dictamen será presentado para su discusión en una reunión extraordinaria de las comisiones este miércoles al mediodía.

Entre las alteraciones, destacan el fortalecimiento de la certeza jurídica, la eliminación de restricciones excesivas sobre quién puede promover un amparo —especialmente en cuanto al interés legítimo, para no excluir a personas o colectivos que defendieran derechos— y la inclusión de daños tanto individuales como colectivos, en línea con el artículo 107 constitucional, lo que es relevante para casos relacionados con el medio ambiente y derechos comunitarios.

En aspectos fiscales, se estipuló que solo podrán impugnarse leyes o disposiciones tributarias en amparos si el crédito fiscal es definitivo, y se detallaron los mecanismos para garantizar el pago durante el proceso, como depósitos bancarios o cartas de crédito, bajo supervisión financiera.

Además, se extendió de 60 a 90 días el plazo para que los jueces emitan sentencias en estos juicios y se amplió de tres a cinco días la entrega de garantías exigidas, facilitando a personas con menos recursos presentar sus pruebas.

Respecto a las suspensiones provisionales, se aclaró que solo podrán negarse para actos que requieran permisos oficiales cancelados o inexistentes, como bancos o concesiones de agua, evitando limitaciones amplias bajo pretextos de orden público o interés social.

Finalmente, se conservaron las sanciones económicas a funcionarios que desobedezcan fallos judiciales, garantizando la efectividad de las sentencias.