AGENCIAS
Los recortes al presupuesto federal para 2025 impactarán directamente a diversas instituciones encargadas de brindar asistencia y protección a los mexicanos en el extranjero, entre ellas el Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior (IMME), el cual verá disminuido su presupuesto en comparación con el presente año.
El IMME, organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desempeña un papel clave en la atención a los connacionales fuera de México, apoyando iniciativas comunitarias y brindando servicios esenciales a los mexicanos que residen en otros países. La nueva asignación de recursos, contemplada en el Paquete Económico 2025, reducirá el financiamiento destinado a los programas de protección y asistencia consular, reflejando un ajuste en el gasto público que afecta a áreas prioritarias como la atención a migrantes y el funcionamiento de los consulados.
Recortes en el presupuesto 2025
Según el Paquete Económico para 2025, presentado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibirá una asignación de 524 millones 192 mil 258 pesos para la «protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior». Esta cantidad representa una disminución frente a los 557 millones 728 mil 121 pesos que se destinaron para este mismo propósito en 2024.
Dentro de este monto, el IMME recibirá una partida de 58 millones 107 mil 250 pesos, lo que implica una reducción de 600 mil pesos respecto a este año. Por su parte, la Dirección General de Servicios Consulares, que también forma parte de este presupuesto, contará con 21 millones 429 mil 239 pesos, es decir, 2.4 millones menos que en 2024.
Estos recortes presupuestarios generan incertidumbre sobre la capacidad del gobierno mexicano para garantizar una atención adecuada a los connacionales, especialmente en un contexto de posibles deportaciones masivas de migrantes indocumentados, una de las promesas más destacadas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Impacto en la protección consular
La reducción de recursos para las instituciones que brindan asistencia a los migrantes mexicanos en Estados Unidos se da en un escenario complejo, marcado por las recientes amenazas de deportaciones masivas. Durante la administración de Trump, las políticas migratorias restrictivas, como la separación de familias, provocaron un aumento en las deportaciones de mexicanos, un fenómeno que podría repetirse en caso de que Trump cumpla con su promesa de deportar hasta un millón de migrantes al año, incluidos unos 200,000 mexicanos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el gobierno mexicano trabaja en reforzar la presencia y los servicios de los consulados en Estados Unidos para apoyar a los migrantes que puedan verse afectados por estas políticas. A su vez, el IMME y otras dependencias relacionadas con la protección consular deberán enfrentar los desafíos derivados de un presupuesto más ajustado, mientras continúan atendiendo a los 36.9 millones de mexicanos que viven en el extranjero, de los cuales más de 10 millones residen en Estados Unidos.
Una tendencia preocupante en los últimos años
El recorte presupuestario para 2025 forma parte de una tendencia de ajustes que ha afectado a las dependencias encargadas de la atención consular a lo largo de los últimos años. En 2018, el gobierno mexicano asignó 836 millones 434 mil 369 pesos para la protección de los mexicanos en el exterior, un monto significativamente mayor al de los años posteriores. Aunque la asignación para 2024 fue mayor que la de 2025, no alcanzó los niveles previos, lo que pone en evidencia un proceso de contención presupuestaria que ha afectado a instituciones clave para la atención a migrantes.
A pesar de los recortes, el gobierno mexicano ha reafirmado su compromiso de continuar brindando apoyo a sus ciudadanos en el exterior, particularmente a aquellos que se encuentran en una situación vulnerable en Estados Unidos. Sin embargo, la asignación de recursos será un factor determinante para asegurar que los consulados y otros organismos sigan cumpliendo su misión de proteger a los mexicanos fuera del país.
