Se trata de la segunda ocasión que la Presidencia solicita al máximo tribunal aplazar la discusión del proyecto que se encuentra listado en la agenda del Pleno de la Corte
AGENCIAS
La Presidencia de la República solicitó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) posponer la discusión del proyecto relacionado a la prisión preventiva oficiosa.
A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Presidencia pidió a la Corte que retire de su agenda el proyecto que daría cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata de la segunda ocasión que la Presidencia solicita al máximo tribunal del país aplazar la discusión del proyecto que se encuentra listado en la agenda del pleno de la Corte.
“Visto el oficio de cuenta que suscribe Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través del cual solicita ‘que el proyecto sea retirado de la lista oficial del Pleno, a fin de la que sentencia internacional se encuadre dentro de los cauces constitucionales y se garantice mediante una adecuada coordinación institucional’”, se lee en el oficio publicado en listas de notificaciones este jueves.
Esta es la segunda ocasión en que Presidencia pide a la SCJN abstenerse de resolver este tema, luego de que en mayo de 2025, argumentaron que la decisión debía recaer en los nuevos ministros electos y no en la Corte actual.
Los nuevos ministros tomarán su cargo el próximo 1 de septiembre, cuando se integrará la Corte con nueve ministros.
Actualmente, la SCJN tiene en agenda dos asuntos que podrían restringir o eliminar la prisión preventiva oficiosa. El primero es el expediente 3/2023, relacionado con la sentencia de la CIDH en el caso García Rodríguez y otro vs. México, que señala que estas figuras violan derechos humanos. La resolución exige que la prisión preventiva sea siempre evaluada por un juez, evitando su aplicación automática.
El segundo asunto en la agenda es una acción de inconstitucionalidad (49/2021) presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. En este caso, la ministra propone reinterpretar el artículo 19 constitucional, que establece que los jueces no apliquen la prisión preventiva oficiosa automáticamente, sino que debatan su pertinencia en cada caso, sin necesidad de que el Ministerio Público lo solicite.
