AGENCIAS
El dictamen contempla aspectos como perseguir la extorsión de manera oficiosa, así como penas de seis a 15 años de prisión.
Cámara de Diputados.- En una sesión extraordinaria, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen para emitir la Ley General contra el delito de extorsión, el cual contempla aspectos como perseguir dicho delito de manera automática, así como penas de seis a 15 años de prisión.
La nueva normativa para combatir el delito de extorsión se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana, según informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en San Lázaro.
La Comisión de Justicia, encabezada por el diputado Julio César Moreno, sesionó la tarde-noche de este lunes para aprobar con la mayoría de diputados oficialistas y sin resistencia de la oposición, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
El dictamen también contempla modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En la Comisión de Justicia, el dictamen avanzó con 25 votos a favor, cero votos en contra y tres abstenciones.
¿En qué consiste la iniciativa de Ley contra el delito de extorsión?
Se trata de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 17 de octubre, días después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional para que el Congreso pueda aprobar una ley general en materia de extorsión; es decir, una normativa que se aplique en todos los estados del país por igual.
Entre las principales modificaciones se incluyen que las autoridades de seguridad tengan facultades para perseguir el delito de extorsión de manera oficiosa, es decir, en automático. También se crea un tipo penal único y se contemplan penas de seis a 15 años de prisión.
Además, se consideran más de 30 tipos de agravantes de extorsión en temas como el llamado “cobro de piso”, mecanismo utilizado por la delincuencia organizada para cobrar una renta obligada a comerciantes, y para los “monta-choques”.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la extorsión es el único delito de alto impacto que muestra una tendencia creciente. Incluso el Gobierno federal desplegó en meses previos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y promovió el número telefónico 089 para realizar denuncias de manera anónima.
El diputado priista Emilio Suárez reconoció que la iniciativa contiene algunos elementos que pueden ayudar a combatir las extorsiones, y que se incluyen aspectos como reparación del daño a las víctimas, no obstante advirtió que no “se contemplan los recursos necesarios para que los Estados y especialmente los municipios implementen las estrategias de prevención previstas en la ley”.
Sumado a ello, el diputado Alejandro Domínguez advirtió que de cambiarse el tiempo de las penas en prisión, en los estados de Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo existe el riesgo de que al menos más de 500 delincuentes sean liberados, puesto que en dichas entidades las penas son más grandes que las que propone la Ley.
Los legisladores del PRI lamentaron a su vez que la iniciativa tampoco contemple plazos y responsabilidades para la elaboración y ejecución de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
