AGENCIAS
La Fiscalía General de la República (FGR) ha calificado como «ilegal» la decisión del juez Enrique Beltrán Santes, quien modificó la medida cautelar impuesta a Víctor Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. La FGR anunció que impugnará esta resolución y que además ha iniciado una carpeta de investigación en contra del juzgador por posibles delitos contra la administración de justicia.
El 10 de octubre de 2023, el juez Beltrán Santes resolvió retirar la prisión preventiva justificada de Víctor Garcés, quien se encuentra vinculado a proceso por los delitos mencionados, tras ser detenido el 10 de junio de 2022 en la Ciudad de México. La detención se produjo tras una investigación de la FGR en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que reveló un esquema de desvío de millones de pesos de la cooperativa hacia cuentas bancarias en el extranjero y empresas fantasma.
La Fiscalía señaló que la decisión del juez contraviene lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, según el artículo 167, la prisión preventiva debe ser aplicada cuando el imputado esté vinculado a delitos como la delincuencia organizada. A juicio de la FGR, la determinación judicial carece de fundamentos y resulta perjudicial para el proceso judicial en curso.
Entre los argumentos que la FGR cuestiona se incluye la alegación del juez de que el estado de salud de Víctor Garcés se ha deteriorado, sin que exista un dictamen médico que lo respalde. También se destacó que el juez no presentó evidencia de la buena conducta del imputado en prisión, a pesar de que la FGR ha solicitado informes formales al Centro Preventivo Varonil Norte.
La Fiscalía además refutó las afirmaciones del juez en cuanto a que no se le había informado sobre un bloqueo de los recursos del imputado por parte de la UIF. Según la FGR, este hecho fue mencionado durante la audiencia de imposición de la medida cautelar, y el juez, al parecer, cambió su postura en favor de la defensa.
En consecuencia, la FGR ha decidido impugnar la modificación de la medida cautelar y, en paralelo, ha abierto una investigación contra el juez por posibles delitos relacionados con la alteración de los procedimientos judiciales y la corrupción.
