AGENCIAS
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su estrategia contra el narcotráfico con una medida que sacude la esfera política mexicana: la revocación de visas a cerca de medio centenar de funcionarios y políticos. La noticia, revelada por la agencia de noticias británica Reuters, encontró una respuesta cauta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien admitió no tener información oficial sobre los afectados.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria aclaró que Washington no comparte este tipo de información con su administración, ya que las notificaciones se realizan de forma individual. “Quien lo sabe es la persona a la que le pudieron haber retirado la visa… no es una información que ellos compartan con el Gobierno de México”, detalló Sheinbaum, a menos que exista una investigación de seguridad pública de por medio.
Los detalles del informe
Según el reporte de Reuters, que se basa en dos fuentes anónimas del gobierno mexicano, la medida habría afectado principalmente a unos 50 miembros del partido gobernante, Morena, aunque también incluiría a funcionarios de otras afiliaciones políticas.
Aunque la lista completa de nombres no se ha hecho pública, uno de los casos más notorios sería el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, a quienes se les retiró el permiso de entrada a EE. UU. desde mayo pasado. Este hecho, cuyas razones no han sido esclarecidas, precedió al anuncio de divorcio de la gobernadora la semana pasada.
Contexto y justificación de EE. UU.
Esta acción se enmarca en reportes previos, como uno del medio ProPublica, que ya advertía sobre la preparación en Estados Unidos de una lista de políticos mexicanos para ser sancionados por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
Un funcionario del Departamento de Estado, citado por Reuters, reforzó esta idea al recordar que cualquier visa puede ser revocada si el portador realiza “actividades que sean contrarias al interés nacional de Estados Unidos”, sin ofrecer detalles específicos sobre los casos actuales. La medida representa un nuevo golpe en la estrategia de mano dura del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico.
