AGENCIAS
En el marco del «Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos», celebrado en la Cámara de Diputados, las participantes denunciaron la discriminación y desigualdad que sufren al intentar acceder a la justicia. Hicieron un llamado urgente para implementar acciones que contrarresten la violencia que viven a nivel nacional, subrayando que un alarmante 98% de los casos en su contra permanecen en la impunidad.
Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), aportó cifras preocupantes. Indicó que, desde enero de 2016, la ONU ha documentado 367 víctimas de agresiones en México (incluyendo 160 periodistas y 179 defensoras), de las cuales 80 eran mujeres. Dentro de este grupo, se registraron intentos de homicidio contra 16 periodistas y 12 defensoras, además de la desaparición forzada de 26 periodistas y 38 defensoras.
Campbell enfatizó la obligación del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de asegurar el derecho a la vida y la integridad. Destacó cuatro deberes clave: respetar los derechos humanos, prevenir la violencia, ofrecer protección integral y efectiva, y asegurar el acceso a la justicia. Sin embargo, este último punto sigue siendo un desafío mayúsculo, pues de los 367 casos registrados por la ONU, apenas el 12.5 por ciento ha resultado en una sentencia condenatoria.
Citando el informe «Buenas prácticas y desafíos en la investigación…», Campbell mencionó que aunque México posee la capacidad institucional en la Fiscalía General y las fiscalías estatales para investigar adecuadamente, a menudo fallan «los recursos, la competencia o la voluntad política». Por ello, instó a las nuevas autoridades del Poder Judicial a adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de respuesta estatal.
Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), resaltó el rol crucial del nuevo Poder Judicial ante las recientes modificaciones a la Ley de Amparo, las cuales podrían impactar las denuncias de agresiones. Expuso el caso de las mujeres rarámuris de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara (Chihuahua), quienes fueron desplazadas y, a pesar de que una jueza reconoció que la comunidad es víctima como consecuencia de su labor de defensa, aún no han podido regresar a su territorio.
Fierro Pineda insistió en la necesidad de que los jueces y juezas de todas las competencias integren la perspectiva de género en su labor, mediante guías y protocolos. Afirmó que el nuevo Poder Judicial, si adopta un enfoque de género y derechos humanos, puede ser fundamental para frenar la criminalización de periodistas y defensoras.
Las especialistas también destacaron los retos específicos que enfrentan por su género. Según el informe «Las formas del asedio», de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC), durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 1,189 casos de violencia contra mujeres periodistas, un incremento del 117% comparado con la administración de Enrique Peña Nieto. De esos casos, 47 tuvieron lugar en el contexto de la conferencia matutina presidencial.
La periodista Myrna Gómez Vázquez enumeró los desafíos primordiales que enfrentan, incluyendo la falta de acceso a la justicia, la inexistencia de políticas públicas para mujeres desplazadas y la carencia de personal especializado para atenderlas, sobre todo en zonas rurales o indígenas. Mencionó también la desconfianza en las instituciones y la falta de tipificación adecuada que reconozca los patrones de violencia diferenciada que sufren.
Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, trajo a la memoria el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Jarquín, ocurrido hace siete años en Juchitán, Oaxaca. Denunció que la recomendación de la defensoría local llegó con años de retraso, y criticó la burocracia del sistema judicial, la cual «genera desgaste» en las mujeres que buscan justicia. Sánchez Maya hizo un llamado a dignificar tanto la labor periodística como la defensa de los derechos humanos.
Al cierre del foro, Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, advirtió que un protocolo para juzgar con perspectiva de género no es suficiente. Subrayó la necesidad de profundizar y hallar herramientas efectivas que detengan la criminalización de periodistas y defensoras. Concluyó que para que la respuesta del Estado sea efectiva, la justicia debe ser expedita, «no tardía», y debe tomar en cuenta las distintas realidades que atraviesan las víctimas.
