AGENCIAS.
Almoloya de Juárez, Estado de México, — Un juez de control adscrito al Centro de Justicia del penal federal del Altiplano decretó este viernes la prisión preventiva justificada contra Diego Rivera Navarro, ex alcalde de Tequila, Jalisco, detenido un día antes por fuerzas federales por su presunta vinculación con grupos del crimen organizado.
Durante la audiencia inicial de imputación, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rivera Navarro de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. De acuerdo con la acusación, el ex edil habría ordenado la privación ilegal de la libertad de un precandidato de Morena y de su suplente, con el objetivo de obligarlos a renunciar a la contienda electoral y permitir que la candidatura fuera otorgada a una persona afín a sus intereses.
El juez determinó que el ex presidente municipal permanezca en prisión preventiva justificada mientras se define su situación jurídica. En caso de ser vinculado a proceso, la medida cautelar se mantendría hasta la conclusión del juicio.
En la misma audiencia fueron imputados por delincuencia organizada Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro del municipio. La defensa de los tres solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para que se determine si serán vinculados a proceso penal.
Fuentes ministeriales señalaron que en el pliego de consignación se atribuye a Rivera Navarro la responsabilidad de haber ordenado el secuestro, ocurrido el 24 de marzo de 2021 en el restaurante La Posta, en el municipio de Tequila, de los entonces precandidatos de Morena Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, a quienes presuntamente obligaron a renunciar a sus aspiraciones políticas.
Según la carpeta de investigación, los imputados planearon la privación de la libertad de las víctimas con el fin de impulsar la candidatura de Juan Gabriel Toribio Villarreal, quien supuestamente garantizaría lealtad a Rivera Navarro y al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización con la que habrían mantenido una relación cercana.
Tras ser privados de la libertad, los precandidatos fueron obligados a firmar su renuncia, acto que, de acuerdo con las autoridades, fue atestiguado por un notario de Jalisco que presuntamente operaba bajo órdenes del mismo grupo criminal.
El delito de secuestro agravado fue imputado únicamente a Diego Rivera Navarro y a Juan Manuel Pérez Sosa, quienes además habrían ordenado el secuestro de dos comerciantes de Tequila luego de que se negaran a pagar una extorsión para continuar con la venta de sus productos.
Durante la diligencia, Rivera Navarro se reservó su derecho a declarar. Será hasta el próximo martes cuando el juez determine si el ex alcalde de Tequila y los otros imputados son vinculados a proceso penal.
