AGENCIAS
Durante más de tres meses, Juan Pérez Castro, un pensionado de 75 años, vio retenido el dinero que necesitaba para su atención médica y cuidados. Su familia, desesperada ante la negativa de Banco Azteca a liberar los fondos, tuvo que recurrir a la denuncia pública para hacer justicia.
La historia tomó un giro indignante cuando, ante la falta de soluciones, el banco exigió la presencia del adulto mayor en sucursal, obligándolo a acudir en camilla. Esta imagen, difundida en medios y redes sociales, desató la indignación y presión social necesaria para que la institución bancaria finalmente entregara el dinero.
La situación evidenció la falta de protocolos adecuados para atender a personas de la tercera edad y la falta de respuesta de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que solo sugirió cambiar de banco en lugar de intervenir.
Aunque Banco Azteca finalmente liberó los fondos y se comprometió a facilitar futuros cobros, el caso dejó en evidencia una problemática más amplia que afecta a miles de pensionados en el país.
