AGENCIAS
Veracruz se posicionó como la entidad federativa con el mayor número de irregularidades a nivel nacional en la Cuenta Pública 2024, coincidiendo con el cierre de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la segunda entrega de sus informes de fiscalización, el organismo reportó presuntas anomalías en el ejercicio fiscal anterior por un total de mil 114 millones 264.8 pesos. Los fondos observados debían destinarse principalmente a salud, que presenta el mayor presunto daño patrimonial, así como a educación media superior e inicial.
El sector salud es el más afectado, donde la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado observó un presunto desfalco de mil 78 millones de pesos.
En el ámbito educativo, las anomalías detectadas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV) superan el millón de pesos, mientras que en la auditoría de Expansión de la Educación Inicial se observaron 195.4 mil pesos.
La ASF también encontró presuntas irregularidades en otros fondos: 3.8 millones en el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; 2.5 millones en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; y un monto superior a los 28 millones de pesos en rubros como Infraestructura Física, Saneamiento Financiero y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
En contraste, el informe no reportó montos observados en la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
A nivel nacional, el monto total observado por la ASF en el último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador ascendió a 5 mil 161 millones 290.9 pesos. De esta cifra, el total de irregularidades detectadas en el conjunto de las entidades federativas suma 4 mil 607 millones 610.8 pesos.
La Auditoría define los «montos por aclarar» como aquellos importes que, al finalizar la revisión, no contaban con la documentación justificativa o comprobatoria que acreditara su correcta aplicación, o bien, que no fueron reintegrados por las entidades fiscalizadas en los plazos establecidos.
