AGENCIAS
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó la primera fase de la investigación sobre la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, determinando que la causa principal del accidente fue la falta de pericia del conductor, quien excedió la velocidad permitida.
Según la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, los peritajes de tránsito, mecánica y video forense —273 en total— revelaron que el chofer de la empresa Silza incrementó la velocidad de su unidad de 22 a 44 kilómetros por hora, cuando el límite permitido era de 40. El registro del GPS confirmó ese exceso, concluyéndose que el siniestro fue resultado de un error humano.
Aun cuando en la curva donde ocurrió la volcadura no había señalización visible, la Fiscalía descartó que esa ausencia fuera determinante. Alcalde explicó que el reglamento vial establece límites claros de velocidad, independientemente de la existencia de letreros. También precisó que tanto la vialidad como la pipa se encontraban en buenas condiciones mecánicas, por lo que fueron descartadas fallas estructurales como factores del accidente.
Las investigaciones revelaron además que el conductor ya había infringido los límites de velocidad en varias ocasiones. Días antes del accidente acumulaba siete reportes por circular a más de 100 kilómetros por hora, y el día del siniestro salió de Tuxpan, Veracruz, sin someterse a revisión médica. Al momento del incidente llevaba más de seis horas conduciendo con apenas 15 minutos de descanso, incumpliendo la norma oficial que exige pausas de 30 minutos cada cinco horas de manejo.
El conductor, que trabajaba para Silza desde hacía un año y cuatro meses, falleció seis días después del accidente. Con base en la información obtenida, la Fiscalía evalúa si proceden acciones legales contra la empresa. La institución indicó que se han iniciado los procesos de indemnización para las familias de las 31 víctimas mortales, los 59 lesionados y los afectados por los daños materiales en 52 vehículos.
Las compensaciones consideran daño moral, perjuicios económicos y afectaciones al proyecto de vida. Si las partes rechazan los montos propuestos, el caso podría pasar a una etapa judicial.
