La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la organización afroamericana más grande de Estados Unidos, presentó el martes una demanda federal para bloquear el nuevo mapa electoral aprobado en Texas. La denuncia sostiene que el rediseño reduce el poder político de las comunidades negras al diluir su voto.

El litigio, presentado en la Corte de Distrito de El Paso, busca frenar la aplicación del mapa en las elecciones de medio término del próximo año, alegando que viola la Constitución y la Ley del Derecho al Voto. El nuevo trazado, impulsado por el expresidente Trump, podría otorgar hasta cinco escaños adicionales a los republicanos en la Cámara de Representantes.

Según la NAACP, esta no es solo una maniobra partidista, sino una clara discriminación racial que limita la capacidad electoral de afroamericanos y latinos para elegir a sus representantes. Derrick Johnson, presidente de la NAACP, denunció que aunque Texas es solo un 40% blanco, los votantes blancos controlan más del 73% de los escaños en el Congreso estatal, y que el rediseño busca explícitamente disminuir la representación negra, algo que calificó de inconstitucional.

Damon T. Hewitt, líder del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, señaló que el racismo disfrazado de partidismo no es nuevo en Texas, pero que esta vez surge bajo órdenes directas de la Administración Trump para crear mapas discriminatorios.

Además de Texas, la NAACP instó a otros estados como California y Nueva York a revisar y modificar sus distritos electorales para evitar que el voto de las minorías se vea mermado. Mientras California ya aprobó una consulta popular para impedir avances republicanos, estados como Utah, Ohio y Florida también están luchando por influir en la redistribución electoral hacia 2026.

Otras entidades, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la Fundación Nacional para la Redistribución Electoral y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han expresado su rechazo a los nuevos mapas de Texas, denunciando que fueron aprobados sin participación pública y que intensifican la práctica del gerrymandering para favorecer a un solo partido político.