AGENCIAS
La Presidencia de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender la discusión y resolución sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, para que sea analizada por los nuevos ministros que asumirán el cargo en septiembre de 2025.
En un escrito dirigido a la ministra presidenta Norma Piña, Armando Jiménez, consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, argumenta que dada la importancia del tema y la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena eliminar esta figura, el proyecto no debe resolverse en la actual integración del tribunal.
El proyecto en cuestión, presentado en noviembre de 2023 por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, propone que la prisión preventiva se aplique solo cuando esté justificada, eliminando la automática, para que cada juez valore caso por caso si procede la medida mientras se investiga y juzga a la persona.
Esta propuesta, que puede aprobarse con seis votos, está en la lista de asuntos pendientes del pleno de la SCJN, que solo tiene siete sesiones restantes. Sin embargo, la discusión ha sido aplazada ante presiones del Gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Fiscalía General de la República.
De posponerse, el análisis quedaría en manos de los nuevos ministros electos democráticamente, quienes tomarán posesión el 1° de septiembre de 2025.
