Al finalizar la segunda mesa el conversatorio sobre la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Javier Corral, señaló que el Artículo 57 es uno de los que requiere ajustes en el presente dictamen
AGENCIAS
El senador Javier Corral Jurado, quien se desempeña como moderador en los conversatorios en torno al proyecto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, afirmó que deberá revisarse la redacción del Artículo 57 del presente dictamen que sienta las condiciones para que el Estado se asigne a sí mismo espacio en el espectro radioeléctrico, lo cual también es consideración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Ha generado inquietud el tema de la autoasignación de espectro por parte del Estado. Eso no está a discusión propiamente dicho. En todo caso el tema de uso comercial y bajo qué condiciones el Estado se asigna a sí mismo espectro radioeléctrico para llegar al usuario final y garantizar objetivos de cobertura social y universal”.
“Yo creo que este es uno de los necesarios ajustes al dictamen. Hay elementos que son de considerar y reafirmo y puedo dar en eso la seguridad de que este es uno de los temas en los que la presidenta de México se ha mostrado absolutamente dispuesta, abierta a escuchar los puntos de vista discrepantes del actual 57 de la iniciativa porque está de acuerdo en generar y mantener una neutralidad en la competencia”, señaló el senador Javier Corral.
Durante la segunda jornada de conversatorios en torno a la ley de telecomunicaciones exigieron que se establezcan lineamientos que protejan sus servicios
La iniciativa del Ejecutivo Federal señala en el Artículo 57 que “La Agencia, mediante asignación directa, podrá otorgar a una dependencia o entidad del Ejecutivo Federal la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial, con el fin de cumplir con los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano”.
En este sentido, el senador Corral señaló que se deben buscar las formas para que los principales operadores en telecomunicaciones del país garanticen el acceso y cobertura de la comunicación en todo el país y para todas las personas.
“Entonces ya la iniciativa trae una medida que a mí me parece muy positiva, porque sí puede haber mecanismos de subsidio a los usuarios finales o puede haber mecanismos de coinversión, la propia iniciativa contempla esta posibilidad del Estado en asociación público-privada, en donde siempre el Estado mantenga mayoría en su participación, pero también muy importante es que el Estado lo pueda hacer por sí mismo, a través de entidades expresamente constituidas para ello”, señaló el moderador al finalizar el conversatorio a medios de comunicación.
Felipe Fitzsimons Cabrera, Gerente de Políticas Públicas para América Latina en la Asociación GSMA, señaló durante su participación en la segunda mesa del conversatorio que esta disposición del dictamen puede afectar el principio de equidad en el sector de telecomunicaciones, pues erosiona la competencia en el ecosistema de la tecnología móvil.
“Por eso, la posibilidad de asignar espectro directamente y sin contraprestación para fines comerciales nos genera preocupación en términos de equidad, previsibilidad y eficiencia, porque puede desalentar las inversiones de operadores que ya están preparados técnica y operativamente para desplegar infraestructura o brindar servicios de conectividad”, señaló Fitzsimons Cabrera.
El Gerente de Políticas Públicas para América Latina en la Asociación GSMA afirmó que los mecanismos de asignación abiertos y trasparentes ya han demostrado ser los métodos más eficaces para cumplir con la cobertura social. En este sentido, la asignación directa del espectro, señaló Fitzsimons, no garantiza que todas las personas tengan acceso a estos servicios e incluso podría tener efectos adversos.
“En cambio, el Estado puede ofrecer soluciones o alternativas en aquellas zonas sin cobertura mediante esquemas de subsidio, por ejemplo, o modelos de coinversión”, apuntó.
Antonio Díaz Hernández, Vicepresidente adjunto de Asuntos Regulatorios de AT&T México, agregó que el modelo de asignación dispuesto en el dictamen es violatorio a la Constitución y al T-MEC, pues implica un trato preferencial no justificado en favor de las entidades del Estado. Esto contraviene el principio de neutralidad a la competencia que debe de regir la actuación estatal.
“Al prever una asignación de espectro gratuita comercial se reconoce un problema advertido durante muchos años: el alto costo del espectro en México. Pero en vez de establecerlo a precios internacionales, solo se concede un beneficio a las entidades de gobierno en perjuicio de los competidores establecidos”.
Díaz Hernández concluyó que su propuesta es que el gobierno instale concesiones públicas, focalizando su inversión en áreas actualmente no cubiertas y con apoyos dirigidos a la población en zonas de cobertura que no cuentan con los recursos suficientes para pagar por los servicios.