AGENCIAS
El Poder Judicial de la Federación (PJF) advirtió que una reducción presupuestal para 2025 podría tener serias consecuencias, entre ellas el recorte de personal y el cierre de juzgados, lo que afectaría el acceso a la justicia de los mexicanos. La advertencia fue emitida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes destacaron los riesgos que implicaría la propuesta de recorte presupuestal presentada por Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el PJF, el Congreso de la Unión plantea reducir cerca de 14 mil millones de pesos al presupuesto de la SCJN y aproximadamente 13 mil millones al del CJF. En este contexto, las instituciones afirmaron que dicha disminución podría desencadenar ajustes significativos en la estructura del Poder Judicial, lo que incluiría la eliminación de plazas y la modificación de las condiciones laborales, afectando a cientos de trabajadores.
El PJF precisó que actualmente, el 80% de su presupuesto se destina a salarios, prestaciones y sueldos del personal que integra los juzgados, tribunales y la propia Corte. En este sentido, la reducción presupuestal podría repercutir directamente en los derechos laborales de los trabajadores, un aspecto clave de la reforma judicial, que establece la plena garantía de sus derechos laborales.
Por su parte, la organización “32 Circuitos Unidos”, que agrupa a los trabajadores del PJF, emitió un comunicado alertando sobre los posibles recortes salariales y ajustes en las prestaciones. En su mensaje, hicieron un llamado a la base trabajadora a mantenerse alerta y considerar la posibilidad de reanudar las protestas, las cuales fueron suspendidas recientemente tras llegar a ciertos acuerdos con el CJF en relación con la protección de sus derechos laborales.
Este llamado resalta la creciente preocupación entre los trabajadores del PJF sobre los efectos negativos de una posible disminución en los recursos destinados al Poder Judicial, lo cual podría incidir en la calidad del servicio judicial y en la estabilidad laboral de miles de empleados.
