AGENCIAS
Los diputados de Morena y sus aliados tienen 18 leyes pendientes por reformar, luego de haber aprobado el denominado Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque se ha avanzado en la modificación de varias leyes, las reformas restantes se desahogarán en el siguiente periodo legislativo, dado que la prioridad es la aprobación del primer Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La primera reforma aprobada dentro del Plan C fue la judicial, con la cual se avanzó en la modificación de tres leyes secundarias: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas. No obstante, aún restan varias reformas clave para completar este proceso, incluidas otras seis modificaciones necesarias para la reforma judicial.
Además de las reformas judiciales, otras normativas que los diputados deberán modificar incluyen la Ley de Amparo, la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Código Civil, el Código de Procedimientos Penales, y diversas leyes relacionadas con el ámbito administrativo y de la justicia. Estos cambios deberán concretarse antes de las elecciones de junio de 2025, cuando se renueven los cargos de ministros, magistrados y jueces.
Entre las reformas que generan mayor expectativa están las relacionadas con la extinción de siete órganos autónomos, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La desaparición de estos órganos implica que sus funciones serán absorbidas por otras dependencias del gobierno federal, lo que ha generado un intenso debate.
También deberán aprobarse cambios en la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley General de Salud, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, así como la Ley General de Bienestar Animal, entre otras.
Finalmente, los legisladores deberán expedir una nueva Ley General de Aguas, que garantice el suministro hídrico en el país y prohíba la concesión del agua a empresas en regiones con escasez del recurso. Esta reforma es particularmente relevante, ya que está pendiente desde 2012, con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su resolución.
Estas reformas se consideran esenciales para adaptar el marco legal a los cambios introducidos por el Plan C, lo que implica una transformación profunda del sistema normativo en México.