AGENCIAS
El estado de Texas ha comenzado a expandir su barrera flotante en el Río Grande para dificultar los cruces ilegales de migrantes, una medida que desafía una demanda interpuesta por la administración Biden. La expansión involucra la colocación de más boyas naranjas conectadas, lo que incrementa la longitud de la barrera más allá de los 300 metros (1,000 pies) iniciales instalados entre México y la ciudad texana de Eagle Pass.
La acción se produce en medio de una disputa legal sobre la autoridad de Texas para llevar a cabo este tipo de proyectos en la frontera. La administración Biden argumenta que la construcción de esta barrera viola una ley federal que regula las aguas navegables. A pesar de este reto legal, el gobernador Greg Abbott ha afirmado que no se detendrán en sus esfuerzos para frenar los cruces ilegales.
El miércoles, Abbott reiteró su intención de ampliar la barrera, que fue originalmente diseñada para reducir el número de migrantes que cruzan desde México, un área crítica de cruce en la frontera. Aunque la nueva expansión aún no ha sido cuantificada en su totalidad, la barrera afectará solo una fracción de los más de 2,000 kilómetros de frontera entre Texas y México.
La administración Biden ya había logrado una reducción significativa de los cruces ilegales a través de políticas que limitan la permanencia de solicitantes de asilo en Estados Unidos, lo que ha contribuido a la disminución de migrantes registrados en la región, particularmente en Eagle Pass. En el mes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. reportó alrededor de 8,500 encuentros con migrantes, una notable baja frente a los 38,000 registrados el año anterior.
En los tribunales, la disputa por las boyas sigue su curso. Un juez federal inicialmente falló a favor del gobierno de Biden y ordenó retirar las boyas, citando riesgos para la vida humana. Sin embargo, una corte de apelaciones del 5° Circuito revocó esa decisión, permitiendo que las boyas permanezcan mientras continúa el litigio.
A pesar de la oposición, el gobierno de Texas asegura que tiene derecho a colocar las barreras en aguas federales, según lo indicado por Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador Abbott. Además, el estado continúa con planes para abordar la situación migratoria de manera más amplia, con propuestas de deportaciones masivas y otras medidas vinculadas a la administración Trump.
Por otro lado, la comisionada de tierras de Texas, Dawn Buckingham, ofreció al expresidente Donald Trump 567 hectáreas de terreno estatal para construir instalaciones de deportación, como parte de un esfuerzo para fortalecer el control de la frontera.
