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El presupuesto propuesto para 2025 refleja una importante reducción en los recursos destinados a políticas de igualdad de género, cuidados y atención a la infancia, lo que ha generado preocupaciones entre expertos y organizaciones sociales sobre los retrocesos en estos sectores clave.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025, dado a conocer recientemente, muestra una disminución del 4.8% en los recursos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mientras que la Secretaría de las Mujeres no cuenta con una asignación presupuestaria clara. Esta situación ha sido calificada por la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) como un retroceso significativo en la búsqueda de igualdad sustantiva en el país, dado que los recursos no están alineados con los compromisos en materia de igualdad de género asumidos por la administración de Claudia Sheinbaum.
El presupuesto del próximo año ha priorizado, en su mayoría, proyectos de infraestructura emblemáticos, como el desarrollo de trenes y otros grandes proyectos de transporte, que recibirán una inversión cercana a los 189 mil millones de pesos. En contraste, el gasto destinado al sector de los cuidados, que incluye programas de estancias infantiles y guarderías del ISSSTE e IMSS, no supera el 0.5% del total del presupuesto, es decir, solo un 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB), según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Magdalena García, de MIRA-Pensadoras Urbanas, señaló que el Anexo 13, que debería asegurar la transversalidad de género en el diseño del presupuesto, continúa siendo un área problemática. Según García, aún no existe un enfoque integral de género que garantice una distribución equitativa de los recursos.
Desde la RPFF, se ha criticado la política de austeridad fiscal que, según afirman, es incompatible con la promoción de la igualdad sustantiva. Las feministas advierten que, aunque las políticas sociales son necesarias, no abordan las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y los sectores más vulnerables.
En un comunicado conjunto, la RPFF destacó que la política fiscal actual «perpetúa las disparidades» en lugar de utilizarse como una herramienta para cerrar las brechas de desigualdad. México es uno de los países con menor recaudación fiscal dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y este panorama se refleja en una asignación de recursos que no prioriza los derechos de las mujeres ni las necesidades de los grupos más desfavorecidos.
Propuestas para un enfoque fiscal feminista
Frente a esta situación, la RPFF y otras organizaciones han presentado una serie de propuestas para un enfoque fiscal que promueva la igualdad de género. Entre ellas destacan:
- Reconocimiento del impacto diferenciado: Incorporar una metodología que evalúe cómo las políticas fiscales afectan a diferentes grupos sociales, especialmente a las mujeres y otros sectores vulnerables.
- Revisión del Anexo 13: Garantizar mayor transparencia en la asignación de recursos destinados a políticas de género y asegurar que se respeten los compromisos de igualdad.
- Financiamiento progresivo para cuidados: Asegurar una mayor asignación de recursos para políticas que redistribuyan el trabajo doméstico y de cuidados, que históricamente recae sobre las mujeres.
- Recolección de datos desagregados: Implementar una recopilación de datos desagregados por género, etnia y otras variables interseccionales para diseñar políticas públicas más efectivas.
Llamado al gobierno
Diversos colectivos, como Aliadas por la Igualdad, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, y la Red Nacional de Refugios, han exigido al gobierno una reforma fiscal que priorice los derechos humanos y la justicia social. Según la RPFF, «la política fiscal debe ser una herramienta de transformación social, no un mecanismo que perpetúe las desigualdades», y han señalado que el presupuesto propuesto para 2025 no refleja un compromiso serio con la igualdad y la justicia social.
El presupuesto 2025, al centrar la inversión en grandes obras de infraestructura, deja a las mujeres, niñas y sectores vulnerables en una situación de desprotección, con escasos recursos para enfrentar las desigualdades estructurales que persisten en el país. La falta de un enfoque integral de género en las decisiones fiscales podría profundizar aún más la brecha de desigualdad en México.
Organizaciones que respaldan estas propuestas incluyen a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C., y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., entre otras.