AGENCIAS
Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, expresó su respaldo a la incorporación de la figura de «jueces sin rostro» en la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Monreal, esta medida sería un acierto para proteger a los jueces que se ocupan de casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Monreal calificó la propuesta como oportuna y destacó que la figura de los «jueces sin rostro» representaría una ruptura con el sistema jurídico penal tradicional. Indicó que esta figura debería ser incluida en el dictamen que elabora la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Aunque esta figura ha sido discutida en México durante décadas, Monreal considera que el momento actual es adecuado para su implementación.
El senador explicó que esta medida es parte de una estrategia jurídica para combatir la violencia y proteger a los actores del sistema judicial, no solo jueces, sino también fiscales y ministerios públicos. Añadió que, aunque se trata de una medida emergente, su aplicación es necesaria para restaurar la tranquilidad y estabilidad política y social.
Monreal recordó que la figura de los «jueces sin rostro» ya se ha utilizado en países como Italia, Colombia, Perú y Brasil en respuesta a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Según él, la propuesta debe contar con un sustento constitucional para ser eficaz y debe ser integrada al paquete de reformas en materia judicial.
En cuanto al proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, Monreal aseguró que se llevará a cabo conforme a la Constitución y la ley, a pesar de las presiones y amenazas. Defendió el derecho de los jueces y magistrados a manifestarse, pero advirtió que el paro de labores convocado por ellos no afecta sus derechos laborales y no es una solución viable. También criticó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, por su manejo de las tensiones con los poderes Ejecutivo y Legislativo, considerándolo una estrategia política que viola el principio de legalidad.
