AGENCIAS
Monterrey.- Durante la administración del gobernador Samuel García, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León ha realizado pagos por un total de 820 millones de pesos a un consorcio empresarial. Este consorcio, denominado Comercializadora Don Cacahuato, forma parte del Grupo Cimarrón y, posteriormente, contrató los servicios del despacho jurídico familiar del mandatario y de su padre, Samuel García Mascorro.
La empresa Comercializadora Don Cacahuato, tras recibir los contratos millonarios, utilizó su filial, Distribuidora Damago, para desembolsar 4.6 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho propiedad de García. Este proceso ha suscitado preocupaciones sobre una posible triangulación de recursos públicos.
Esta situación se enmarca en un patrón de operaciones que involucra a empresas vinculadas al gobernador y a exempleados que han pasado a ocupar cargos públicos, facilitando el flujo de dinero del erario. Miguel Ángel Sánchez Rivera, quien fue el primer director del DIF en la actual administración, realizó 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato. Curiosamente, Sánchez trabajó previamente en el despacho del gobernador entre 2015 y 2016.
Además, en mayo, se reportó que otro exempleado del mismo despacho se convirtió en funcionario estatal y gestionó contratos por 175 millones de pesos para una consultora privada encargada de resolver litigios fiscales del gobierno de Nuevo León. Estas conexiones han generado inquietudes sobre la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos en el estado. VIA LATINUS
