Varios candidatos en las elecciones de 2015 se sumaron a la iniciativa #3de3, para dar a conocer su patrimonio y si tenían conflicto de interés.
Las penas impuestas a los seis funcionarios, quien son procesados por la fuga, son las máximas permitidas en el ámbito administrativo, de acuerdo con la ley federal, especificó Andrade de la Ley 3 de 3
Por mandato constitucional, tras las reformas del año pasado, y como plazo máximo, en mayo de 2016 debe ser aprobada por el Congreso la legislación secundaria para que se active el Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es donde se enfoca la iniciativa ciudadana presentada este martes.
La propuesta de 100 artículos para regular la conducta de los servidores públicos se trabajó desde mayo de 2015.
Entre los expertos que participaron en ella están Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana; María Amparo Casar, investigadora del CIDE; Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas; José Octavio López, consejero de Causa en Común, y Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO).
Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se desempeñó como coordinador del proyecto.
“La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México”, indican los ciudadanos que promueven la iniciativa en su exposición de motivos.
“El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de $347 mil millones de pesos al año”, agregan.
Aquí puedes consultar el documento completo de la iniciativa:
Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas
