AGENCIAS

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, con el objetivo de reforzar la fiscalización en importaciones y exportaciones, combatir el tráfico ilegal de combustibles y enfrentar prácticas corruptas dentro del sistema aduanero.

Tras un debate de cuatro horas, el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el respaldo de 338 legisladores de Morena y partidos aliados, frente a 129 votos en contra de la oposición, que acusó a la mayoría de impulsar cambios con fines meramente recaudatorios.

La iniciativa modifica 65 artículos, añade 44 y deroga 9, planteando, entre otras medidas, la modernización tecnológica de las aduanas, el fin del carácter vitalicio de las patentes aduanales, certificaciones periódicas, mayores controles en la importación temporal y corresponsabilidad solidaria para agentes aduanales. También exige que importadores y exportadores cuenten con la documentación que acredite el cumplimiento de restricciones no arancelarias.

Reginaldo Flores Sandoval, coordinador del PT, defendió la propuesta al señalar que su finalidad es erradicar la corrupción y fortalecer la presencia del Estado en las aduanas, con sanciones más severas y una administración más ágil sin renunciar a la fiscalización.

Críticas de la oposición

Legisladores del PAN y PRI reprocharon que la reforma responsabiliza a los agentes aduanales de delitos cometidos por empresas de comercio exterior, pese a que, según la procuradora fiscal Grisel Galeano, sólo un reducido número ha sido vinculado al llamado “huachicol fiscal”, un esquema que —señalan— representa un desfalco estimado en 600 mil millones de pesos.

El diputado priísta Emilio Suárez Licona calificó ese monto como un “robo histórico” que equivale a la mitad del presupuesto educativo de 2026 o al 60% del gasto en salud pública. A su juicio, la reforma no soluciona las fallas que permitieron el saqueo y, en cambio, centraliza el control del sistema aduanero con un enfoque recaudatorio.

Asimismo, advirtió que las nuevas disposiciones pueden entorpecer la dinámica comercial de sectores estratégicos como el automotriz, incrementando costos y afectando cadenas de suministro internacionales. Entre los puntos más preocupantes, señaló el aumento de multas hasta en 300% del valor de las mercancías, la equiparación de agentes aduanales con servidores públicos y la imposición de cargas excesivas a pequeñas y medianas empresas, además de la aplicación retroactiva de las reglas a autorizaciones previas.