AGENCIAS

Este viernes, a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres continúan en la lucha por la verdad y la justicia. Con un nuevo abogado que ha sido parte del equipo legal desde 2014, Isidoro Aguilar, los familiares preparan una asamblea nacional para definir los pasos a seguir y evaluar qué queda pendiente para esclarecer este caso que sigue sin respuestas.

Desde aquella tragedia ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la incertidumbre y el dolor persisten como constantes. A pesar de años de procesos judiciales y múltiples implicados, solo se han recuperado fragmentos óseos de tres estudiantes. Dos administraciones federales han enfrentado este caso sin éxito: la del priista Enrique Peña Nieto, quien intentó cerrarlo con investigaciones marcadas por torturas, y la de Andrés Manuel López Obrador, que avanzó hasta topar con la resistencia del Ejército.

Recientemente, José Luis Abarca, exalcalde de Iguala durante los hechos y absuelto en junio, consiguió una suspensión federal que detiene temporalmente una condena de 92 años por secuestro relacionado con otro caso. Las protestas por este 11º aniversario, ya activas desde el 17 de septiembre en Guerrero, continuaron esta semana en Ciudad de México y culminarán en Iguala con una marcha el sábado.

Aguilar, que sucede a Vidulfo Rosales como abogado principal, afirma que no abandonan la causa, sino que mantienen viva la búsqueda de justicia. En la capital, manifestantes encapuchados realizaron una protesta en el Campo Militar 1A, exigiendo que el Ejército entregue documentos claves para esclarecer la participación militar.

El sufrimiento permanece intacto para las familias, que reviven cada mes y cada septiembre la ausencia de sus hijos. Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los jóvenes, destaca la fortaleza que les brinda el apoyo solidario de la sociedad durante las movilizaciones.

Nada se sabe con certeza del destino final de los estudiantes desaparecidos tras salir de la terminal de Iguala, donde pretendían tomar autobuses para asistir a un evento conmemorativo en Ciudad de México. Testimonios y documentación indican posibles vínculos con el 27° Batallón de Infantería, y que uno de los normalistas incluso formaba parte activo del Ejército.

Las autoridades cifran esperanzas en la apertura de expedientes militares, como los documentos encontrados por la Comisión para la Verdad Ayotzinapa en 2021, y en la extradición de exfuncionarios como Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, quienes podrían aportar información decisiva.

Respecto a las líneas telefónicas vinculadas con los estudiantes, las investigaciones registran 33 números asociados, varios de los cuales presentaron actividad cerca del Palacio de Justicia de Iguala en los días de la desaparición.

Mientras se preparan nuevas asambleas para definir el futuro del movimiento, Isidoro Aguilar confirma un próximo encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum para la primera semana de noviembre, buscando mantener el compromiso gubernamental con la búsqueda de la verdad.