AGENCIAS

Estados Unidos ha ampliado significativamente la militarización de su frontera con México mediante la creación de dos nuevas Áreas de Defensa Nacional (NDA) en Texas y Arizona, que se suman a otras dos ya establecidas en meses recientes. Estas zonas, consideradas extensiones de bases militares, otorgan al Ejército autoridad para patrullar y detener a migrantes que ingresen sin autorización, en un giro que ha generado controversia legal y política.

La nueva NDA en Texas, administrada por la Base Conjunta de San Antonio, cubrirá aproximadamente 400 kilómetros a lo largo del Río Bravo en los condados de Hidalgo y Cameron, mientras que la de Arizona abarcará unos 160 kilómetros en el oeste del estado, bajo la jurisdicción de la estación de los Marines en Yuma. Juntas, estas áreas suman cerca de mil kilómetros de frontera bajo control militar directo.

Estas designaciones permiten a las fuerzas armadas realizar arrestos por intrusión en territorio militar, aunque la custodia y procesamiento posterior queda a cargo de autoridades civiles como la Patrulla Fronteriza. Desde su implementación en abril, las NDA han contribuido a una reducción drástica de cruces irregulares, con arrestos que superan los 1,400 en pocos meses.

Sin embargo, la estrategia ha sido criticada por expertos legales y legisladores, quienes advierten que esta expansión militar elude la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas participar en funciones policiales internas. Además, existen preocupaciones sobre la falta de notificación y debido proceso para quienes ingresan involuntariamente a estas zonas militarizadas.

La propiedad de la tierra en estas áreas también genera incertidumbre, especialmente en Texas, donde la mayoría de los terrenos junto al río son privados, aunque el control del río y sus márgenes está en manos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que ha transferido esas tierras al Ejército.

Este avance representa un paso más en la política de militarización fronteriza impulsada por el gobierno de Donald Trump desde su segundo mandato, buscando reforzar el control migratorio con un enfoque cada vez más militarizado y menos dependiente de las autoridades civiles tradicionales.