AGENCIAS

En plena ofensiva antimigratoria de la administración Trump, miles de migrantes enfrentan un encierro en cárceles tan saturadas y precarias que ellos mismos califican sus días como “el infierno”. En la celda A1 del centro IAH Polk, en Livingston, Texas, ocho hombres cuentan su experiencia cotidiana en un espacio reducido y con condiciones extremas que ya no pueden soportar.

Esta crisis surge porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está obligado por orden federal a detener hasta 3,000 personas diariamente, cifra que excede la capacidad autorizada en presupuesto y recursos. Para junio, ICE custodiaba a casi 60,000 personas, cuando la capacidad oficial establecida era de 41,500 plazas.

Para responder al colapso, la administración busca un plan presupuestario de 45,000 millones de dólares para ampliar estos centros de detención. Ante el hacinamiento y las condiciones indignas, muchos migrantes optan por la “salida voluntaria”, una vía que permite su autodeportación con algunas ventajas, como la posibilidad de regresar legalmente en el futuro y un incentivo de hasta 1,000 dólares.

El objetivo del gobierno no es deportar a todos los millones de migrantes indocumentados —una tarea inviable y costosa— sino inducir que se vayan por su cuenta. Hasta abril de 2025, alrededor de 5,000 personas han tomado esta opción para evitar quedarse encerradas bajo condiciones extremas.