El expresidente de Bolivia enfrenta acusaciones por abuso y trata de personas tras un presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años.

AGENCIAS

La Fiscalía General de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales, ex presidente del país, por el delito de trata de personas, vinculado con un caso que involucra a una menor de 15 años. La decisión fue anunciada por la fiscal Sandra Gutiérrez, quien informó que la orden fue emitida el pasado 16 de octubre, pero se reveló públicamente hasta el lunes siguiente.

El escándalo se remonta a 2015, cuando Morales aún gobernaba Bolivia. Según el expediente judicial, el exmandatario habría tenido una relación con la adolescente, quien dio a luz a una hija de Morales en 2016. La fiscalía sostiene que los padres de la menor habrían entregado a su hija a Morales a cambio de beneficios políticos, a través de su inscripción en la «guardia juvenil» del entonces presidente.

El delito de trata de personas agravada es la base de la imputación, que podría acarrear una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Aunque en investigaciones previas se había planteado la acusación de «estupro» (relaciones sexuales con menores de entre 14 y 18 años), en esta ocasión se enfoca en el delito de trata.

Evo Morales, quien ha desestimado las acusaciones y las ha calificado de parte de una persecución política, argumenta que se trata de una «lawfare» orquestada por el gobierno de su antiguo aliado, el presidente Luis Arce, con el objetivo de descalificarlo de cara a las elecciones de 2025.

Este es el segundo mandato de aprehensión emitido contra Morales en relación con este caso. La primera orden, dictada en septiembre, fue revocada tras un recurso judicial interpuesto por su defensa. Sin embargo, la Fiscalía decidió proceder nuevamente con la orden, a pesar del contexto de tensiones políticas y bloqueos sociales que han afectado al país.

Pese a la orden de captura, la ejecución de la detención ha sido impedida debido a los recientes conflictos sociales y bloqueos de carreteras realizados por seguidores de Morales, lo que dificultó el acceso de las autoridades a su bastión político en el Chapare, centro de Bolivia. La fiscalía señaló que las autoridades no pudieron ejecutar la orden por razones de seguridad, ya que se presentaron agresiones y amenazas contra funcionarios policiales durante los bloqueos.

Este caso ha generado una gran controversia en Bolivia, donde las acusaciones contra Morales se han entrelazado con la polarización política del país, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales del próximo año.