AGENCIAS

La lucha por el registro de nuevos votantes en Texas ha escalado con una nueva demanda del fiscal general, Ken Paxton, contra los condados de Travis y Bexar. Estos condados, que albergan a las ciudades progresistas de Austin y San Antonio, respectivamente, han sido acusados por Paxton de sobrepasar su autoridad al contratar a una empresa externa, supuestamente “partidista”, para contactar a residentes e invitarlos a registrarse para votar.

En un comunicado que acompañó la demanda contra el condado de Travis, Paxton sugirió, sin presentar pruebas, que estos programas podrían resultar en el registro de individuos no elegibles para votar, repitiendo la alarma infundada sobre el registro de migrantes sin papeles que, según él, podría “robar” las elecciones. Paxton declaró que tales programas fomentan el fraude y socavan la confianza pública en el proceso electoral, advirtiendo que se detendrán cualquier esfuerzo similar en otros condados.

El fiscal general también amenazó al condado de Harris, el más poblado del Estado y hogar de Houston, con acciones legales si se implementaba un programa de registro de votantes similar. Según Paxton, los condados no tienen la autoridad para enviar formularios de registro, una medida que históricamente se ha utilizado para suprimir el voto de minorías, especialmente latinas.

En 2020, Paxton utilizó un argumento similar contra el condado de Harris, una acción que él considera clave para que Donald Trump ganara el Estado en las elecciones de ese año. Paxton argumenta que los condados solo pueden realizar acciones explícitamente autorizadas por el Estado, y cualquier actividad fuera de estos límites debe asumirse como fuera de su autoridad. El fiscal general sostiene que la contratación de empresas para contactar a potenciales votantes socava la ley de Texas al dar la impresión de que personas no elegibles pueden registrarse para votar.