El gobierno mexicano argumenta que las empresas conocen el tráfico ilegal de sus productos al país y que no deben tener inmunidad legal.

AGENCIAS

El gobierno de México expondrá este martes ante la Corte Suprema de Estados Unidos sus argumentos para demostrar que los fabricantes de armas demandados tienen conocimiento de que sus productos terminan de manera ilegal en territorio mexicano, y por ello, no deben beneficiarse de inmunidad bajo la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, encabezará la delegación mexicana junto al equipo legal liderado por Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y el abogado Steve Shadowen.

Esta audiencia pública, que se llevará a cabo en Washington, es un paso clave en la estrategia del gobierno mexicano para responsabilizar a la industria armamentista de la violencia desatada por el tráfico ilegal de armas provenientes de EU.

Autoridades explicaron que con las demandas presentadas se busca obtener mayores controles en la venta de armas en Estados Unidos.

Una demanda histórica contra la industria de armas

México interpuso esta demanda en 2021, argumentando que fabricantes estadounidenses como Smith & Wesson, Colt y Glock diseñan y comercializan sus armas con conocimiento de que una parte de ellas terminará en manos del crimen organizado en México.

El gobierno sostiene que estas empresas lucran con la venta de armas de alto poder, que son traficadas de manera ilegal y utilizadas en delitos en territorio mexicano, contribuyendo a la violencia que aqueja al país.

En su defensa, las compañías han argumentado que la PLCAA las protege de cualquier responsabilidad por el uso indebido de sus productos, pero México busca demostrar que esta ley no debe aplicar en su caso, ya que las empresas fomentan indirectamente el tráfico ilegal de armas al país.

Prioridad en la agenda de Sheinbaum y De la Fuente

El combate al tráfico ilegal de armas es un tema prioritario en la agenda bilateral de la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes han reiterado la importancia de frenar el flujo de armamento que fortalece a los grupos delictivos en México.

El gobierno mexicano ha insistido en que el éxito de esta demanda representaría un precedente para regular la venta de armas en EE.UU. y reducir su impacto en la violencia en México.

Al término de la audiencia, se espera que las autoridades mexicanas den a conocer más detalles sobre el proceso y los próximos pasos en la batalla legal contra los fabricantes de armas en Estados Unidos.