AGENCIAS

Monterrey. – La eliminación de alertas ambientales y sustitución de las mismas por pronósticos de calidad del aire –medida anunciada este jueves por el Estado– es ilegal, una evasión de responsabilidad por parte de las autoridades estatales, y atenta contra el derecho ciudadano al aire limpio, sostuvo el Comité Ecológico Integral (CEI).

Tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la sociedad civil coinciden en que el actual Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas (PRCA) estatal está obsoleto.

Sin embargo, los ambientalistas apuntan que esto no es excusa para no declarar episodios de calidad del aire extremadamente mala, de los que, hasta hoy, se establecían tres tipos: alertas, contingencia Fase I y contingencia Fase II, pero la dependencia que encabeza Alfonso Martínez eliminaría las primeras.

“Denunciamos categóricamente la decisión de no emitir alertas y sustituirlas con pronósticos, y la afirmación de que no se han cumplido criterios en 11 meses. En 2024 se cumplieron los criterios para emitir alerta en 76 días.

“Llevamos más de cinco años empujando la actualización del PRCA y, mientras se sigue postergando por falta de voluntad política, el programa vigente no se respeta ni utiliza (…). Las alertas deben de ser publicadas, es la Ley, y no hacerlo es evasión de responsabilidad”, se lee en un comunicado del CEI.

El Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas del 2016 incluye cuatro medidas durante estos episodios, dependiendo de la intensidad del pico de contaminación: una alerta ambiental, la contingencia Fase I y la contingencia Fase II, además de una etapa preventiva, que es una alerta interna para las autoridades.

Lo que el Estado anunció que eliminará son las alertas ambientales, además de que las contingencias Fase I y II se integrarían en una sola.

Según los cálculos más actualizados del CEI, en 2024 debieron activarse 70 alertas ambientales, cinco contingencias Fase I y una contingencia Fase II, cuando sólo se declararon tres a nivel metropolitano; adicionalmente, se declaró una en el municipio de Cadereyta y otra en el municipio de San Pedro.

La organización ciudadana que encabeza María Enríquez también recordó que la sociedad civil tiene cinco años exigiendo la actualización del PRCA, tarea que se encuentra en proceso por parte del Estado desde el pasado 26 de agosto, en colaboración con la Alianza del Aire.

Sin embargo, tal como lo reveló ABC Noticias el pasado 13 de febrero, este proceso no ha avanzado porque siete de 18 municipios convocados a participar en el mismo lo han desatendido, de manera que el convenio que se contemplaba firmar en enero sigue sin concretarse.