AGENCIAS

Al menos 180 trabajadores de albergues para menores migrantes no acompañados en Arizona y Texas han sido despedidos esta semana, según informaron empleados y activistas. Estos albergues, operados en colaboración con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del gobierno federal, han visto una drástica reducción en la llegada de menores migrantes desde que el presidente Donald Trump implementó políticas migratorias más restrictivas.

Carmen Rodríguez, una de las trabajadoras despedidas del albergue Casa Oracle en Tucson, Arizona, explicó que el número de menores migrantes no acompañados ha disminuido significativamente desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero de 2025. “Es algo que temíamos y pasó”, dijo Rodríguez, quien destacó que su labor incluía acompañar a los menores cuando eran entregados a sus familias o tutores en diferentes ciudades del país.

Aunque los albergues no han cerrado, la reducción de personal ha generado preocupación sobre la calidad de la atención que recibirán los menores migrantes que aún llegan a estos centros. La ORR, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se negó a comentar sobre los despidos, pero reiteró su compromiso de brindar asistencia a los menores no acompañados y sus familias.

Las políticas migratorias de la administración Trump, que incluyen la implementación de la política de «tolerancia cero» y nuevas restricciones para la liberación de menores migrantes, han complicado el proceso de reasentamiento. Ahora, todos los miembros adultos de los hogares patrocinadores deben someterse a verificaciones de identidad y antecedentes penales, lo que ha retrasado la reunificación familiar.

Según cifras de la ORR, en diciembre de 2024 había 6,643 menores no acompañados en estos albergues, ubicados principalmente en estados fronterizos como Arizona, Texas y California. Sin embargo, activistas temen que los despidos masivos afecten negativamente el cuidado y la atención de estos niños.

¿Qué sigue? Los despidos reflejan el impacto de las políticas migratorias restrictivas en los servicios de atención a migrantes, mientras organizaciones y trabajadores exigen soluciones para garantizar el bienestar de los menores.