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El estado de Nuevo León ha implementado medidas efectivas para proteger a los propietarios contra fraudes inmobiliarios y otras irregularidades. Desde este año, es obligatorio contratar una alerta inmobiliaria y una alerta catastral en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León. Estas alertas proporcionan notificaciones sobre cambios en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro de una propiedad, como hipotecas, embargos o movimientos en la titularidad.

Juan Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo Monterrey, destacó la importancia de estas medidas para combatir el fraude inmobiliario en la región. La iniciativa se originó a raíz de un aumento en delitos como el despojo de inmuebles en años recientes, según datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La alerta inmobiliaria y la alerta catastral, obligatorias desde enero de este año, tienen un costo anual de 543 pesos o cinco Unidades de Medida y Actualización (UMAs) cada una. Estas notificaciones son cruciales para detectar actividades fraudulentas o errores administrativos a tiempo, brindando mayor seguridad a los propietarios.

Los delitos de despojo, que incluyen el despojo de cosas, inmuebles o de aguas, han sido motivo de preocupación en la región. A pesar de que se presentaron 890 denuncias hasta octubre de 2023, los diputados estiman que la cifra podría aumentar, considerando la tendencia de años anteriores.

La alerta inmobiliaria proporciona notificaciones sobre cambios en el Registro Público de la Propiedad, como hipotecas o embargos, mientras que la alerta catastral informa sobre movimientos en el Catastro de una propiedad, incluyendo cambios en la titularidad y actualizaciones relevantes. Estas medidas buscan proteger los derechos de los propietarios y prevenir fraudes en el mercado inmobiliario.