AGENCIAS

Un informe presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha desvelado que el Gobierno de Texas ha invertido más de 11 mil millones de dólares en una política fronteriza que ha sido calificada como «discriminatoria». Esta política, conocida como Operación Estrella Solitaria, fue lanzada por el gobernador Greg Abbott en 2021, poco después de la asunción del presidente Joe Biden al cargo.

La Operación Estrella Solitaria, diseñada para contener el flujo migratorio en la frontera sur, ha sido criticada por la ACLU por su presunto enfoque discriminatorio hacia personas de origen étnico o racial específico. Según el informe, la operación ha llevado a la detención de individuos que no representan una amenaza para la seguridad pública, sometiéndolos a un sistema penal desigual y segregado.

Aunque el programa se ha justificado como una respuesta necesaria a la crisis en la frontera sur, la ACLU afirma que la mayoría de los arrestos realizados bajo la Operación Estrella Solitaria no están relacionados con delitos graves como el tráfico humano, de drogas o de armas. En cambio, el 75% de los arrestos entre 2021 y 2023 fueron por entradas irregulares.

Además, el informe destaca que más del 96% de las personas arrestadas por traspaso de propiedad entre 2021 y 2023 eran latinoamericanas. Esta cifra sugiere un sesgo étnico en la implementación de la política fronteriza de Texas.

La ACLU ha denunciado la inconstitucionalidad e ineficacia de la Operación Estrella Solitaria, argumentando que Texas no tiene autoridad para llevar a cabo su propio control migratorio. Según Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos de ACLU, el programa ha puesto en peligro la seguridad y la vida de migrantes y residentes fronterizos.

Además, el informe revela que las acciones de Abbott han trascendido los límites de la frontera sur, con más de 13,600 detenciones en condados que no limitan con México. Esto indica una extensión injustificada de la política fronteriza de Texas.

La militarización de algunas áreas fronterizas y la criminalización del paso de migrantes por propiedad privada han generado tensiones entre el gobierno estatal y el federal. Residentes locales y organizaciones de derechos humanos han denunciado la politización de la zona fronteriza y el riesgo que supone para la seguridad y la vida de los migrantes.

A pesar de las críticas, el gobernador Abbott ha defendido su estrategia, culpando a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden por la crisis en la frontera sur. Sin embargo, la disminución reciente en la llegada de personas a territorio estadounidense se atribuye en parte a las medidas adoptadas por México para controlar el movimiento de personas hacia el sur.