La aplicación de la Ley SB4, que permitirá a las Policías en Texas cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio, traerá malestar, fricciones, demandas judiciales y temor entre la población, advirtió la Policía de San Antonio.

«Me temo que la gente se alejará de la Policía«, dijo Williams McManus, jefe del Departamento de Policía en esa ciudad.

«Trabajamos con la comunidad todos los días en toda la ciudad, y la gente no tiene miedo de interactuar con nosotros. Este proyecto de ley crea legítimamente ese miedo».

El mando explicó que la ley, promulgada el domingo, no sólo se aplicará a quienes sean detenidos por violar las leyes de Texas, ya que la Policía podrá «pedir papeles» a quien considere que no está legalmente en Estados Unidos.

La revisión, añadió, también se podrá hacer a solicitud de alguna autoridad federal.

«Cualquier persona que sea detenida tendrá que demostrar su estatus migratorio», adelantó.

McManus se opuso a la iniciativa del Gobernador Greg Abbott, que ignoró la posición de los jefes de Policía en casi todas las principales ciudades de Texas, que aseguraron que el proyecto de ley sería malo para sus comunidades.

Agregó que también dará lugar a la elaboración de perfiles, lo que podría dar lugar a demandas judiciales.

«No hay nada positivo en este proyecto de ley«, afirmó.

De acuerdo con el Instituto de Política de Migración, en Texas viven alrededor de 1.4 millones de indocumentados, de los que unos 71 mil residen en el Condado de Bexar, donde se ubica San Antonio.

En Brownsville, el jefe del Departamento de Policía, Orlando Rodríguez, dijo que no están de acuerdo en pedir el estatus migratorio de las personas, pero lo tendrán que hacer debido a la nueva ley.

«A partir del 1 de septiembre, una vez que entre en vigor la ley SB4″, dijo, «tendremos que acatarla».

Destacó que, de no hacerlo, habría implicaciones legales y multas para los agentes.

La misma postura mostró el jefe del Departamento del Sheriff del Condado de Cameron, Omar Lucio, que señaló que sus agentes acatarán la ley.

En el Condado de Hidalgo, activistas y miembros de organizaciones a favor de los migrantes protestaron ayer contra la nueva ley.