El gobierno federal debe aplicar la ley al pie de la letra y dejar a un lado su actitud omisa ante los grandes problemas que afectan al país, sobre todo en materia de seguridad y de implementación de la Reforma Educativa, exigió el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés.

Asimismo, reprobó la violencia de la que fue objeto el Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas, por parte de maestros de la coordinadora (CNTE), por lo que reiteró su llamado a rechazar la violencia, “porque el camino que merecen Chiapas y México es el de la paz, la tranquilidad y el diálogo”.

Durante una gira de trabajo por Chiapas, Anaya Cortés condenó los hechos violentos del pasado fin de semana en San Juan Chamula, que cobraron la vida de un presidente municipal, un síndico, un regidor y un vecino de la comunidad, en medio de reclamos de pobladores por los recursos públicos.

Los hechos violentos en San Juan Chamula, aunado al asesinato del alcalde de Pungarabato, Guerrero, son lamentables y son hechos que deben ser vistos con alarma y con sorpresa en todo el país, a los que se suman, añadió, la muerte del esposo de la presidenta municipal electa del municipio de Mártires de Tacubaya, en Oaxaca.

El gobierno, acusó,  ha sido incapaz de garantizar la integridad de estas autoridades, por lo que hoy, de nuevo la exigencia es que las autoridades cumplan con su trabajo.

En relación a las medidas de presión a las que ha recurrido el magisterio disidente en demanda de que sea derogada la reforma Educativa, Anaya Cortés reiteró que la Ley no se negocia, al tiempo de que advirtió que sería un desastre que el gobierno federal cediera para que, como en el pasado, las plazas de los maestros se puedan vender, heredar o rentar.

Este tipo de conflictos deben resolverse a través del diálogo, no a través de acciones que pretendan secuestrar al Estado de Derecho, porque quienes dejan a los niños sin clases, cierran vialidades y colapsan la actividad productiva en los lugares en los que se manifiestan, están violando la ley abiertamente, sostuvo.

El gobierno, resaltó, está obligado a recuperar el orden en los estados en donde se está afectando a terceros, en estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.