Mediante un escrito que le entregaron al presidente de la Mesa Directiva, el perredista Jesús Zambrano, los activistas también solicitaron que sea suprimida la adición que hicieron los senadores en el sentido de obligar a los empresarios que proveen bienes o servicios al Gobierno, así como a todos aquellos particulares que reciban o ejerzan recursos públicos, a presentar también la triple declaración.

«Creemos que esta disposición carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción», indicaron.

Esta disposición, señalaron, al ser tan amplia, obligaría a que becarios del Conacyt o los beneficiarios de programas de adultos mayores tuvieran que presentar su declaración.

«El Gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales-, y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía», indicaron.

Los representantes ciudadanos se reunieron durante unos 15 minutos con Zambrano, quien dejó momentáneamente la conducción del debate que se está dado en el pleno.

Al perredista lo acompañaron diputados de su partido, entre ellos el coordinador de la bancada, Francisco Martínez Neri.

Entre los representantes que entregaron el escrito están Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; Enrique Cárdenas y Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Marco Fernández, de México Evalúa, y Óscar Arredondo, de Fundar.