La simplificación de trámites en el Gobierno de Nuevo León, generaría ahorros para los ciudadanos por más de mil 900 millones de pesos.

El Consejo de Mejora Regulatoria, en el que participan ciudadanos y autoridades estatales, informó hoy que detectó que en la administración estatal hay 784 trámites estatales, que generan una carga social de 10 mil 469 millones de pesos.

Este costo social se calcula por el tiempo que las dependencias tardan en resolver un trámite y el tiempo que el ciudadano invierte en reunir los requisitos necesarios para solicitar el servicio.

Del total de trámites, el órgano ciudadano detectó 70 que son prioritarios y que simplificarlos generaría un impacto social, pues el ahorro en tiempo para el Gobierno y los ciudadanos evitaría el gasto de 1 mil 900 millones de pesos.

«El conjunto de los 700 y tantos servicios le cuestan a la sociedad alrededor de 10 mil millones de pesos, y entonces ese es el potencial en que tenemos que actuar para producir ahorros y poder producir una sociedad más competitiva», señaló Fernando Elizondo, Coordinador Ejecutivo de la Administración Estatal.

«Llegamos a una propuesta de una primera etapa de simplificación que involucra a 70 trámites, esos 70 trámites que son menos del 10 por ciento, menos de una décima parte del total de trámites, sin embargo, representan la mitad de todo lo que le cuesta a esta sociedad tener esos trámites. Es la mitad del costo social».

Este cálculo, aclaró Elizondo, no incluye el costo del trámite mismo.

En la reunión del Consejo de Mejora Regulatoria, el Gobernador Jaime Rodríguez instruyó a simplificar los requisitos relacionados con actas de nacimiento, para evitar que los padres de familia tengan que gastar en estos documentos para cumplir con procesos escolares.

En el análisis de los trámites participaron 56 dependencias estatales e implicó la revisión de estadísticas relacionadas con la consulta y frecuencia de los procesos y otros estudios en materia de competitividad.

Algunos de los trámites que serán simplificados o digitalizados en lo que resta de 2016 corresponden a Agua y Drenaje de Monterrey, el Instituto Registral y Catastral, el Instituto de Control Vehicular, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Administración y la Dirección del Registro Civil, entre otros.

Tras la reunión, el presidente del Consejo, Ramón de la Peña, señaló que darán seguimiento puntual a los requisitos que solicita la Secretaría de Educación para reducir el gasto de los padres de familia.